A juicio una red marroquí que cobraba hasta 4.000 euros por sacar migrantes de Canarias con pasaportes falsos
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará la próxima semana el juicio contra una organización integrada por nueve personas, todas ellas de origen marroquí, acusadas de organizar viajes de migrantes hasta Canarias y de facilitar su traslado posterior a la península y otros países europeos mediante documentación falsificada.
Redacción Radio Insular
10 de octubre de 2025 a las 09:15

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, recogido por Europa Press, dos hombres actuaban como dirigentes del grupo y mantenían contacto directo con las redes criminales que operaban en Marruecos para organizar las salidas en patera desde las costas africanas. Su sistema, según el documento, consistía en traer a Canarias “de modo paralelo y subrepticio” los pasaportes y documentos de identidad de los migrantes, a cambio de entre 600 y 1.000 euros adicionales por persona.
Este servicio incluía el compromiso de garantizar la salida de los migrantes desde España hacia terceros países de la Unión Europea, utilizando esos documentos originales o falsificando otros nuevos. La investigación también reveló que la red captaba a menores alojados en centros de acogida para incluirlos en su trama, facilitando su traslado a otras provincias españolas.
El cabecilla principal, que llegó a emplear hasta cuatro identidades diferentes, acompañaba a los migrantes en algunos trayectos, dándoles instrucciones para pasar desapercibidos y asegurándose de recuperar los documentos falsificados, que eran reutilizados en futuras operaciones.
Otros miembros de la organización se encargaban de captar migrantes en las islas, trasladar pasaportes originales desde África, comprar billetes aéreos y gestionar los pagos. Según la investigación, el grupo llegó a cobrar hasta 4.000 euros por cada viaje y recibió ingresos superiores a los 20.000 euros en cuentas bancarias vinculadas a los líderes de la trama.
La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por favorecer la inmigración irregular, y otro continuado de falsificación de documentos públicos. En consecuencia, solicita penas acumuladas que suman hasta 34 años de prisión para los acusados, además de la incautación del dinero intervenido en sus cuentas bancarias.