El aumento de las infracciones urbanísticas en suelo rústico está generando alarma en Fuerteventura, donde la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha incoado 32 sanciones en los primeros siete meses de 2025. Una cifra que, aunque por debajo de otras islas, refleja una tendencia preocupante que se extiende por todo el Archipiélago.
En Canarias, se han abierto un total de 683 expedientes por construcciones irregulares entre enero y julio, lo que confirma un incremento sostenido desde la pandemia. El grueso de las sanciones se concentra en Tenerife (354) y Gran Canaria (136), mientras que Lanzarote suma 58, La Palma 42 y La Gomera 35.
En el caso de Fuerteventura, la Agencia advierte que las infracciones suelen localizarse en entornos sensibles como zonas cercanas a áreas turísticas, cauces de barrancos y espacios próximos a la costa, lo que agrava el impacto medioambiental y urbanístico. La presión por la falta de vivienda, el aumento de la población y los índices de pobreza se señalan como factores clave en el origen de estas ocupaciones.
El consejero de Política Territorial y máximo responsable de la Agencia, Manuel Miranda, subrayó la necesidad de actuar con firmeza: “Es una realidad palpable que se están creando núcleos poblacionales en suelo rústico con reparcelaciones ilegales. Está ocurriendo en Tenerife, en Fuerteventura y en otros muchos sitios del territorio y tenemos que ser contundentes y claros”, advirtió.
Miranda recordó además que este fenómeno implica riesgos añadidos, ya que las ocupaciones ilegales acaban generando demandas de servicios públicos e infraestructuras en lugares donde no están previstas, lo que compromete la planificación del territorio.
El Gobierno canario reclama una mayor implicación de los ayuntamientos y cabildos en la vigilancia, ya que la disciplina urbanística recae en primera instancia en estas administraciones. “El volumen de expedientes es muy elevado y la situación es complicada. Por eso debe existir una mayor colaboración por parte de todos los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno”, añadió Miranda.
Junto a las sanciones por ocupación de suelo rústico, la Agencia ha tramitado este año 155 expedientes por infracciones de la Ley de Costas, 240 por vertidos de residuos y 23 por vertidos al mar, sumando un total de 1.355 sanciones en Canarias entre enero y julio de 2025.
El histórico desde 1999 revela que los vertidos y residuos han sido tradicionalmente la principal causa de sanciones en las islas, aunque en los últimos años se observa un repunte de las construcciones irregulares. De hecho, si la tendencia se mantiene, 2025 podría cerrar con más expedientes por edificaciones clandestinas que por vertidos, lo que supone un cambio significativo en el perfil de las infracciones.
En Fuerteventura, la evolución de los datos refuerza la preocupación de las instituciones y colectivos sociales, que advierten del riesgo de consolidar núcleos poblacionales ilegales en suelo protegido y del impacto negativo sobre un territorio ya presionado por la actividad turística y la crisis habitacional.
