Se estrecha el cerco a la comercialización de pisos turísticos «ilegales»
La lucha contra los pisos turísticos ilegales da un nuevo paso en España con la aplicación efectiva del registro nacional de alquileres de corta duración. Desde el 1 de julio, los principales portales de comercialización ‘online’ están obligados a desactivar aquellos anuncios que carezcan del número de registro obligatorio, lo que ha complicado cada vez más la oferta irregular.
Redacción Radio Insular
28 de septiembre de 2025 a las 11:30
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana calcula que todavía existen unos 54.000 pisos turísticos ilegales activos en plataformas digitales, muchos de ellos anunciados en varias a la vez. Se trata de alojamientos que habían solicitado el registro, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos por la normativa.
La ministra Isabel Rodríguez confirmó que Airbnb, Booking y otras grandes plataformas están retirando anuncios de forma efectiva y que existe “buena disposición para colaborar”. Desde la entrada en vigor del registro el pasado enero —aunque su aplicación real no llegó hasta el inicio del verano— se han presentado 336.500 solicitudes, de las cuales más del 78 % correspondían a viviendas de uso turístico. Sin embargo, un 20 % han sido ya revocadas por incumplir la normativa.
Andalucía y Canarias, en el foco
Los datos oficiales reflejan que las revocaciones se concentran en destinos con fuerte presión turística. Solo en Sevilla se han invalidado 2.289 registros, en Marbella 1.802, en Barcelona 1.564, en Málaga 1.471 y en Madrid 1.257. También destacan Benalmádena (926), Adeje en Tenerife (765), Valencia (731), Torrevieja (700) o Fuengirola (686).
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España existen 381.837 viviendas turísticas, con mayor peso en Andalucía (96.176), Comunidad Valenciana (63.190), Cataluña (56.851) y Canarias (50.686).
Las plataformas refuerzan controles
Airbnb asegura que la exigencia de registro no ha tenido “un impacto significativo” en su negocio y que desde enero 70.000 anuncios más cuentan ya con número de registro. Reconoce que menos del 10 % de los códigos rechazados siguen publicándose y promete retirarlos por completo en los próximos meses.
Por su parte, Booking subraya que ha trabajado estrechamente con el Ministerio de Vivienda para garantizar que su cartera de alojamientos en España cumple la normativa. La compañía insiste en su compromiso de colaborar con las autoridades nacionales y regionales para asegurar transparencia y combatir la oferta ilegal.
El control legal se refuerza además en los tribunales. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avaló por segunda vez la obligación de Airbnb de retirar 34.728 alojamientos sin licencia que permanecían en su plataforma a finales de 2024.
El trasfondo: la vivienda residencial
El objetivo del Ejecutivo es que parte de estas viviendas turísticas puedan regresar al mercado residencial en un momento de gran dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, debido a la falta de oferta y la subida de precios.
Críticas del sector
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) advierte, sin embargo, que una solicitud incompleta o una revocación administrativa “no implica necesariamente actividad ilegal”. La patronal acusa al Gobierno de excederse en sus competencias y de “criminalizar a miles de familias y pymes sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley”.
La tensión entre las exigencias del Ejecutivo y las demandas del sector se mantiene, con las plataformas en el centro de la polémica y con las ciudades más turísticas de España como escenarios principales de este pulso regulatorio.