El Hotel RIU Oliva Beach se ha convertido en el epicentro de un acalorado debate que enfrenta a la cadena hotelera RIU, el Gobierno de Canarias, el Tribunal Constitucional, organizaciones ecologistas y la comunidad local. En el centro de la controversia están la legalidad de sus construcciones, la reciente orden de demolición emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la decisión del Tribunal Constitucional que asigna la competencia al Estado para determinar el futuro del establecimiento.
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Las organizaciones ecologistas, lideradas por Ben Magec-Ecologistas en Acción, celebran la resolución del Ministerio como un triunfo en su lucha contra lo que consideran una invasión al entorno natural protegido. El 29 de febrero de 2024, Ben Magec emitió un comunicado aplaudiendo la confirmación de la caducidad de la concesión y la orden de derribo del Hotel RIU Oliva Beach. Según la organización, el hotel ha cometido múltiples infracciones legales, como la construcción no autorizada de una rotonda, una carretera de acceso y el vallado de zonas públicas dentro del parque natural. Estas infracciones llevaron a una multa de 204.000 euros en 2022 y la orden de demolición de las estructuras ilegales.
“Esta resolución es una victoria para quienes defendemos nuestra isla y luchamos por un modelo turístico sostenible y respetuoso con nuestro entorno”, subrayó Ben Magec, insistiendo en que su lucha es “en defensa del territorio y contra un modelo turístico depredador que consume nuestro paisaje y precariza a nuestra gente”.
En contraposición, la comunidad local y la patronal del sector turístico expresan una profunda preocupación por el futuro de los 400 trabajadores del complejo hotelero, muchos de ellos residentes de Fuerteventura. El posible derribo del hotel podría desencadenar un impacto negativo en la economía local, altamente dependiente del turismo. “Estamos hablando de familias de aquí, de gente de Fuerteventura que vive de su trabajo en el hotel. El cierre nos afectaría a todos, no solo a los empleados, sino también a los proveedores y negocios locales que dependen del turismo que el hotel atrae”, manifestó un representante de los trabajadores.
La reciente intervención del Tribunal Constitucional (TC) ha aportado claridad en cuanto a la competencia sobre el caso, declarando que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la autoridad competente en materia de concesiones en dominio público marítimo-terrestre, incluyendo el Hotel RIU Oliva Beach. Este pronunciamiento desestimó el recurso presentado por el Gobierno de Canarias, que defendía que las competencias sobre este tipo de concesiones le correspondían en virtud del Estatuto de Autonomía de 2018.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, calificó la decisión como una “invasión de competencias autonómicas”, y pidió “llegar al fondo del asunto” para esclarecer la administración competente. El vicepresidente, Pablo Rodríguez, también defendió el marco competencial del Estatuto de Autonomía y criticó el traspaso de competencias firmado por el anterior Gobierno canario como “absolutamente insuficiente”.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, defendió su gestión y afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional “deja en evidencia las críticas del actual Gobierno de Canarias frente al anterior”. Torres enfatizó que el Gobierno de España está preocupado por el futuro de los 400 puestos de trabajo y que “no hay una inminencia de derribo, y también hay otros pasos judiciales”, subrayando la importancia de buscar una solución que garantice el empleo.
La cadena hotelera RIU Hotels & Resorts ha anunciado que tomará medidas legales para defender la legalidad de su concesión. Afirman que la resolución del Ministerio y del Tribunal Constitucional “no significa, ni implica el derribo del Hotel RIU Oliva Beach” y aseguran que “no hay argumentos jurídicos ni hechos que justifiquen la caducidad de la concesión”. La empresa también ha presentado una querella contra altos cargos del Ministerio por presunta prevaricación.
“Desde RIU vamos a mantener la defensa de nuestros derechos a través de la vía judicial”, destacó la cadena, que asegura que las infracciones que se le atribuyen “carecen de fundamento y no coinciden con la realidad física del hotel”.
Este caso pone en evidencia el dilema entre la conservación medioambiental y el desarrollo turístico en Fuerteventura. Los ecologistas insisten en que el derribo del hotel es fundamental para preservar el entorno natural, mientras que la comunidad local y el Gobierno de Canarias buscan una solución que permita la continuidad del hotel sin sacrificar el medio ambiente. “Es fundamental encontrar un punto de equilibrio que proteja nuestro entorno pero que también garantice el empleo y el desarrollo económico de Fuerteventura”, declaró el presidente Clavijo.
Con la decisión del Tribunal Constitucional aclarada, el desenlace de este conflicto dependerá de los próximos pasos judiciales y del diálogo entre las partes implicadas. El futuro del Hotel RIU Oliva Beach sigue siendo incierto, y la comunidad majorera espera con ansias una solución que equilibre la protección de su entorno natural y la supervivencia económica de sus habitantes.
