Sí Podemos Fuerteventura ha elaborado una serie de alegaciones en relación con las bases reguladoras que rigen la tramitación y la concesión de las subvenciones destinadas a autónomos y PYMES de la isla. El consejero Andrés Briansó expone que: “Estas ayudas son esenciales para paliar la crisis económica derivada de la pandemia, aunque a la hora de estudiar las bases nos hemos encontrado con criterios muy excluyentes.” Las bases de las subvenciones del Cabildo de Fuerteventura se convertirán en las más restrictivas del archipiélago: en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Graciosa y Lanzarote no establecen límites a los gastos subvencionables a raíz de la excepcionalidad de la situación y en apoyo al sector empresarial.
Una de las modificaciones que propone la formación morada es en relación con los gastos válidos para acogerse a las subvenciones. Entre ellos destaca el desglose de los gastos subvencionables: coincide con los que propone el Gobierno de Canarias en el Decreto Ley 2/2021, que regula la concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, pero restringiendo la suma al incluir solo el 50% de los gastos de arrendamientos. “Con estas limitaciones se quedan fuera otros sectores que también necesitan el respaldo de las instituciones: autónomos y empresas de la cultura, artistas, guías turísticos, artesanos, vendedores en mercados, taxistas, electricistas, autónomos que trabajan desde casa y muchos más”, explica Briansó.
Podemos también destaca la importancia de modificar los criterios de valoración con las personas trans e intersexuales, y en palabras del consejero Pau Quiles: “Esperamos que después de la moción que presentamos en el pasado pleno, que fue aprobada por unanimidad, relativa a la implantación efectiva de las medidas previstas en la Ley 2/2021 de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, los grupos político que conforman el grupo de gobierno se mantengan fieles a su compromiso de incluir criterios para luchar contra la discriminación del colectivo en la contratación pública y en las bases reguladoras de las subvenciones.”
Otro de los apartados propuestos a modificación es el referente a la documentación que se ha de aportar. Dentro de los criterios de valoración se incluyen el número de prácticas puestas en marcha que contribuyan a la consecución de alguno de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030, requiriendo únicamente una declaración responsable para acreditar dichas prácticas. Podemos propone que junto a la declaración de la aplicación de los ODS se adjunte documentación que avale lo expuesto.
Además, se solicita incluir un apartado destinado a la protección del empleo generado por las empresas beneficiarias, teniendo en cuenta el número de personas trabajadoras sostenidas por la empresa, favoreciendo a quienes han mantenido los contratos laborales y destinar la subvención a cubrir las necesidades de la empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19.
