Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) registró hoy, en el Parlamento, la enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2025 del Gobierno de CC y el PP por perpetuar en el territorio del Estado con uno de los niveles de pobreza más altos del Estado; el modelo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de reducir los impuestos a los más ricos de Canarias. El grupo parlamentario canarista pide la devolución del proyecto de ley de las dos derechas canarias porque, al mismo tiempo, aumenta los tributos a las rentas bajas y medias, debilita la sanidad, la educación y los servicios sociales, reduce las inversiones en los sectores productivos y carece de medidas para diversificar la economía.
El presidente de NC-BC, Román Rodríguez, los diputados Luis Campos, Esther González y Yoné Caraballo, informaron hoy de las razones que justifican la enmienda a la totalidad al segundo presupuesto de CC y el PP en la XI Legislatura.
Román Rodríguez dijo que tiene la “impronta” del ultraliberalismo de Ayuso, de relegar al sector público a un segundo plano para favorecer las privatizaciones y favorecer a los “más poderosos” en detrimento de las familias más vulnerables y las rentas medias. Junto con Esther González, subrayaron el incumplimiento, por segundo año consecutivo, de la bajada de dos puntos del IGIC y el saldo definitivo (entre subidas y bajadas del IGIC) que implica una subida del mismo.
El mantenimiento de la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones (45 millones de euros anuales) a las rentas altas y la supresión de la bonificación del impuesto al combustible profesional que afecta a 25.000 transportistas, agricultores y ganaderos.
La aprobación del céntimo forestal (85 millones de euros), que NC-BC apoya pero que es una nueva contradicción de CC y el PP ya que supone un incremento de la fiscalidad. También sube la presión fiscal del IRPF, se elimina a deducción por el alza de precios a más de 500.000 canarios con rentas hasta 30.00 euros (en 2022 fueron 104 millones de euros) y se incumple la regla de gasto que tendrá consecuencias en los 376 millones de euros de aumento global de las cuentas para 2025 con respecto a 2024.
Además, se desecha la creación de la tasa turística del grupo canarista que serviría para disponer de 250 millones de euros más para invertir, las inversiones tampoco son una prioridad para el próximo año, lo que influirá en un menor aumento de la economía y el empleo.
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Luis Campos denunció la mala orientación de los gastos por territorios. Cinco islas pierden recursos. Se trata de Gran Canaria y Tenerife que ven reducidos los fondos en 20 millones de euros y en 25 millones de euros, respectivamente. También en La Gomera. Sorprende que, en La Palma, se rebajen las inversiones en más de ocho millones de euros y a La Graciosa se le castigue con una bajada del 33 por ciento.
La “incomprensible” distribución de los 1.121 millones de euros de aumento de los presupuestos en 2024, según Campos, se profundiza en 2025 con los 376 millones de euros de aumento. Disminuye en 12,9 millones de euros las políticas en I+D+i y se incumple el pacto canario por la ciencia. Recortan a las universidades públicas 3,1 millones de euros y al sector primario que, en 2024 le quitaron 24 millones de euros, vuelve a ser el departamento “más castigado” al incrementar solo en 110.000 euros.
Educación crece en 60,4 millones de euros. Íntegros para pagar las nóminas del personal. Se vuelve a incumplir la ley sectorial canaria que obliga a invertir un cinco por ciento de la riqueza. Del pacto de progreso, heredaron una inversión del PIB del 4,62 por ciento, en 2024 bajaron al 4.2 por ciento y en 2025 baja al 4 por ciento.
A mediados del próximo mes de enero, según Campos, ya no habrá fondos para tutelar a los menores migrantes no acompañados porque CC y el PP han dejado una partida de cinco millones de euros. Yoné Caraballo se centró en la Consejería de Sanidad, que se lleva 220,4 millones de euros de los 376 millones de aumento global. Unos 800 millones de euros de subida con el incremento de 2024 pero, como aseguró el portavoz canarista en la materia “no servirán para tener mejores resultados”.
Pensados para “curar y no para cuidar”, con un gasto de farmacia de más de 600 millones de euros, hace falta más inversión en Primaria para centrarse en la prevención, más fondos para las infraestructuras y la renovación de equipos y una profesionalización de la gestión. Para Román Rodríguez, la política sanitaria de CC y el PP es el ejemplo más claro del debilitamiento de los servicios públicos para facilitar las privatizaciones.
Inconstitucionalidades
Esther González mantuvo que el proyecto de ley incumple la Constitución al introducir la modificación de la ley de Cabildos, la del Suelo y la del Consejo Consultivo sin estar relacionados los citados cambios con los ingresos y los gastos de los presupuestos.
