En una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, Miguel Ángel Rodríguez advirtió que la mayoría de los alojamientos turísticos en Canarias no cumple con la normativa vigente desde 2015, que exige una declaración responsable y la supervisión municipal de aspectos como seguridad y accesibilidad.
«Nos hemos encontrado ayuntamientos con 2.000 viviendas vacacionales y apenas 30 cumplen con actividades clasificadas», afirmó, citando el caso de un municipio de Lanzarote, pero destacando que la situación es generalizada en todo el archipiélago.
El nuevo marco legal: mayor control urbanístico
El proyecto de ley refuerza el papel de los ayuntamientos en la regulación de las viviendas vacacionales, ya que serán los responsables de determinar en qué zonas podrá permitirse esta actividad.
«Hoy en día, basta con la declaración responsable del propietario. Con la nueva ley, solo podrá hacerse si el planeamiento urbanístico lo permite», explicó Rodríguez, adelantando que las futuras viviendas turísticas deberán ajustarse a esta normativa.
No obstante, aseguró que no habrá una eliminación masiva de la oferta actual, siempre que los alojamientos cumplan los requisitos legales. «Quien cumpla la normativa podrá continuar. Pero si se ha incurrido en falsedad u omisión esencial, tendrá que salir», recalcó con firmeza.
El director general también recordó que las corporaciones locales cuentan con herramientas de control, como planes de inspección y convenios con colegios profesionales. Sin embargo, lamentó que «hasta la fecha, ningún ayuntamiento de Fuerteventura ha utilizado estas herramientas».
Polémica con ASCAV: el debate parlamentario continúa
Rodríguez respondió a la petición de ASCAV (Asociación Canaria del Alquiler Vacacional) de reabrir la consulta pública con un mensaje claro: «Esta norma afecta a 2.200.000 canarios. ASCAV tiene unos 2.000 afiliados. Escuchamos a todo el mundo, pero no podemos hurtar el debate en el Parlamento, que es donde están los representantes democráticamente elegidos».
Además, defendió que el proceso ha sido «largo y participativo», con más de 8.000 aportaciones en la fase de consulta e información pública, y subrayó que el debate parlamentario servirá para enriquecer el texto antes de su aprobación definitiva.
La vivienda: ¿producto financiero o derecho residencial?
El director general abordó también la creciente conversión de la vivienda en un activo financiero. «El gran capital y el capital medio están utilizando la vivienda como el mejor producto financiero en Europa. En las zonas turísticas, como Canarias, es la joya de la corona», afirmó.
Explicó que las viviendas vacacionales ofrecen rendimientos superiores a dos dígitos, lo que las convierte en una inversión atractiva. Sin embargo, la nueva ley insiste en que la vivienda tiene un uso residencial por naturaleza, permitiendo su explotación turística solo «con carácter excepcional y en función de la capacidad de carga de cada municipio».
Aprobación prevista para mayo o junio
Rodríguez confía en que el debate en el Parlamento de Canarias permitirá mejorar el texto y prevé su aprobación entre mayo y junio. «Esperamos que la ley entre en vigor a finales de primavera o principios de verano», concluyó, subrayando que el objetivo principal de la normativa es proteger el mercado residencial y racionalizar la vivienda turística para evitar impactos negativos en la población local.
