Existe en Canarias un problema con las desapariciones de menores? Depende de qué estadística se mire, y cómo se interprete, y de a quién se pregunte, porque en el ámbito judicial y policial hay quien piensa que se está generando una «alarma social injustificada».
Para intentar arrojar luz sobre este asunto, la agencia Efe se ha puesto en contacto con la asociación SOS Desaparecidos, con la Policía Nacional, la Dirección General de protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, la Unidad de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife y la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife.
Todo ello a raíz del informe anual que elabora el Centro Nacional de Desaparecidos, dependiente del Ministerio del Interior, según el cual Canarias fue con diferencia la comunidad autónoma que mayor número de denuncias registró en 2021.
Nada menos que 4.240 desapariciones fueron denunciadas en las islas, de las cuales 3.446 en la provincia de Las Palmas, donde en el 90% de los casos los protagonistas fueron menores.
A continuación figuran con 3.316 y 3.164 casos, respectivamente, Andalucía y Cataluña, dos comunidades con una población mucho mayor.
A nivel nacional se repite el mismo patrón: son los menores de entre 13 y 17 años los que copan el 63,97% de los casos denunciados de desaparición.
Y es precisamente este grupo de edad en el que es más frecuente la reincidencia en las desapariciones. Las Palmas es la segunda provincia con más casos de este tipo y la de Santa Cruz de Tenerife, la séptima.
La mayoría de las veces «son chicos que se van y vuelven» a sus casas o a los centros de menores, pero cada ausencia, dure el tiempo que dure y sea o no reiterativa, se denuncia y figura en las estadísticas, apunta una policía de la unidad adscrita a la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife y corrobora una portavoz de la Dirección de Protección a la Infancia y la Familia.
¿Y eso no sucede en todo el territorio nacional? ¿Por qué en Canarias se dan tantos casos?
«A lo mejor es que aquí somos muy rigurosos a la hora de poner en conocimiento las ausencias», desliza el fiscal decano de la sección de menores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos. «En Canarias denunciamos sobre la marcha», añade.
Fuentes de la Dirección General de protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias hacen hincapié en otro aspecto: el efecto que sobre la estadística pudiera tener la presión migratoria que sufre el archipiélago, que tiene bajo su tutela a unos 3.000 menores extranjeros no acompañados.
De hecho, el informe del Centro Nacional de Desaparecidos hace una mención especial al aumento de casos, en comparación con 2020, en las zonas costeras.
Y dedica un apartado a las desapariciones de menores extranjeros, donde Canarias figura como la segunda comunidad con más casos, tras Andalucía: 263, de los cuales 251 en la provincia de Las Palmas.
El portavoz de SOS Desaparecidos en Canarias, Santiago Martín, hace otra lectura y señala a Efe que en las islas «hay un problema alarmante» con las desapariciones, sobre todo de menores, ante el cual «se necesita hacer un análisis y, sobre todo, actuar. No podemos mirar para otro lado», asevera
«Antes no se difundían alertas de menores de 13 años. La edad de los desaparecidos cada vez baja más», incide, como tampoco ausencias que se prolongan durante «semanas».
Cree Martín que el de las desapariciones es un asunto que «pasa desapercibido», y añade que por cada caso que trasciende a la opinión pública hay en realidad más del doble.
Sin embargo, fuentes policiales consultadas por Efe hacen hincapié en que en 2021 descendieron, al menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las denuncias de desapariciones de menores con respecto al año anterior, tanto en domicilios como en centros.
«Puede que haya más presencia en los medios, lo que no significa que sea malo, pero puede dar la sensación de que haya más fugas, lo que no se corresponde con las estadísticas», añaden.
Y puntualizan que «desaparecido es no saber dónde está una persona; otra cosa es una fuga puntual, una ausencia».
El fiscal de menores en la provincia tinerfeña, Manuel Campos, coincide con esta apreciación y añade que al hablar de desapariciones se genera «una alarma social injustificada».
Por eso, avanza que propondrá unificar «los protocolos de ausencia» entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, en vista de que el concepto de desaparición, usado de forma generalizada, «ha quedado obsoleto».
«Hay que replantearse la fórmula de las denuncias y el concepto», añade, pero «no hay un problema de desaparición de menores», asegura con rotundidad Campos.
El fiscal concreta que en Tenerife hay en estos momentos diez menores fugados de la red de centros del Cabildo (unos 300 chicos repartidos en 35 pisos) y todos ellos están localizados, se sabe dónde están y se les hace un seguimiento con equipos de calle.
Estos equipos elaboran informes semanalmente e informan sobre la situación en la que se encuentran los menores, detallan fuentes de la Unidad de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife.
Si se contabilizan los extranjeros no acompañados y los menores que están en régimen de internamiento (hay dos centros en Canarias, uno en Tenerife, el de Valle Tabares, y otro en Gran Canaria, el de La Montañeta), la cifra aumenta hasta los 800.
Campos asegura que en cada caso se analiza el nivel de vulnerabilidad del menor y la situación de riesgo a la que se puede ver expuesto, y que se elaboran informes con una frecuencia semanal o quincenal.
Aparte de los centros, apunta que cada semana se denuncian de media entre tres y cuatro casos de fugas de domicilios, la mayoría de las veces por discusiones o desavenencias familiares, y que por lo general no duran más de un día.
También indica que algunos de estos casos son fruto de «una moda de a ver quién aguanta más tiempo fuera de casa» y que, de hecho, la Policía tiene identificados algunos puntos a los que se dirigen los menores.
Discrepa con el fiscal Santiago Martín, quien cree que «el sistema falla» y que las familias acuden a SOS Desaparecidos porque no se consideran suficientemente respaldadas o informadas por parte de las administraciones y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Abunda en que la asociación hace una valoración previa a la publicación de las alertas y las pasa por un filtro porque de lo contrario, afirma, «sería un no parar» y acabarían «agotando la colaboración ciudadana, que es lo más importante».
Hace hincapié en que los menores son «personas frágiles, influenciables», y dice albergar el temor de que alguno de estos casos acabe teniendo «un resultado no aceptable» para la sociedad.
En lo que coinciden SOS Desaparecidos y la Fiscalía de Menores es que no hay que esperar 24 ni 48 horas para presentar una denuncia, sino «un tiempo prudencial» una vez no se tienen noticias de un menor, ya sea en un centro o en un domicilio. EFE
