Más de 10.000 alojamientos turísticos irregulares desaparecen de Airbnb tras el pacto con Canarias

“Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”, señaló la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

Desde la compañía, la Directora de Políticas Públicas para España y Portugal en Airbnb, Sara Rodríguez, destacó que “este es un nuevo capítulo para Airbnb en las Islas Canarias, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible”. Según explicó, la empresa ha notificado a todos los anfitriones de Canarias la obligación de registrarse y ha ofrecido orientación a través de notificaciones, recordatorios y recursos adicionales.

El proceso de depuración de la oferta ilegal se ha llevado a cabo antes de que entre en vigor el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre arrendamientos de corta duración y los procedimientos sancionadores. La siguiente fase se centra en las viviendas que carecen de registro autonómico o estatal. En este sentido, De León subrayó que aunque el decreto de ventanilla única es una herramienta útil, todavía falta información detallada sobre los propietarios y las causas de irregularidad que apunta el Colegio de Registradores.

“Es fundamental conocer las razones por las que determinados alojamientos no han obtenido el número de registro de arrendamiento de corta duración. En algunos casos, los defectos pueden ser subsanables y no dar lugar a sanción; en otros, se trata de instalaciones manifiestamente ilegales que deben ser retiradas o cerradas”, añadió.

El Ejecutivo autonómico mantiene una hoja de ruta que incluye la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, actualmente en tramitación parlamentaria, así como inspecciones, sanciones y clausuras de instalaciones irregulares con la colaboración de Cabildos y Ayuntamientos.

En paralelo, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, remarcó que la aprobación del nuevo marco legislativo permitirá activar planes de inspección y vigilancia más amplios, con la colaboración de la Policía Autonómica y los registros de la propiedad.

“El objetivo es claro: afrontar con seriedad un problema que ha afectado al equilibrio del modelo turístico de Canarias. Las medidas a corto plazo ya están surtiendo efecto, las de medio plazo consolidarán el proceso, y el fin último es construir una política pública eficaz y sostenible en el largo plazo”, sostuvo Rodríguez.

El Gobierno canario insiste en que este esfuerzo no es puntual, sino que se desarrollará en varias etapas, desde la eliminación de la oferta ilegal en plataformas digitales hasta la intervención directa en el terreno. Se trata, según la consejería, de garantizar el cumplimiento de la normativa turística como elemento esencial para la convivencia, la calidad de vida de los residentes y la sostenibilidad económica y social.

“El cumplimiento de la legalidad no es un capricho, es la base de la convivencia, de la prosperidad y de la sostenibilidad de nuestro territorio”, concluyó Rodríguez.