El pasado lunes, el representante de los trabajadores Adrián Fernández Carreño junto con el abogado Dennis Miranda Wallace, expusieron en la Sala Altiero Spinelli del Parlamento Europeo, en Bruselas, las razones por las que se estaría vulnerando el Derecho comunitario al pretender acabar con los hoteles Oliva Beach y Tres Islas.
El resultado favorable de la votación se conocía sobre las 16:00 hora de Bruselas, despertando la alegría de los trabajadores que se han desplazado hasta Bruselas para reunirse con eurodiputados de distintas formaciones políticas. Un pequeño grupo de majoreros acudía a la sede del Parlamento Europeo en representación de las 700 familias empleadas en los dos hoteles.
En su intervención, denunciaban que «el Gobierno español trata de anular las concesiones tanto de nuestro centro de trabajo como del hotel colindante. Es decir, las concesiones administrativas, que se conciben como una indemnización al propietario, cuyas propiedades pasan a ser de titularidad pública, son sistemáticamente revisadas por el Gobierno Español, de tal forma que en la práctica se está indemnizando por una cuantía muy inferior a la inicialmente prevista.«. Los trabajadores terminaban su intervención pidiendo que «Europa tome cartas en este asunto y frene la deriva destructiva del Gobierno de España, ya que tememos no sólo por nuestros puestos de trabajo sino por el estallido social que esta decisión provocaría en nuestro municipio.«
Tras la intervención de eurodiputados españoles, franceses, luxemburgueses e italianos, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha votado por unanimidad de los conservadores, socialdemócratas y liberales, el envío de un requerimiento a los gobiernos de España y de Canarias interesándose por los retrasos en la licencia de obra de reforma del Oliva Beach. Asimismo, han dado cuenta a la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, de los datos de desempleo en el municipio de La Oliva que provocaría el cierre de ambos hoteles.
