Los socorristas denuncian precarización extrema: «Nos jugamos la vida por cuatro duros”
Las playas de Canarias son el principal reclamo para buena parte de los más de 18 millones de turistas que visitan al año las islas, pero sus socorristas trabajan en condiciones que rozan la miseria.
Pía Peñagarikano
9 de febrero de 2025 a las 16:14
En 2024, y según datos facilitados por la Plataforma Canarias 1.500 km de Costa, se registraron 72 fallecimientos por ahogamiento en el litoral, 14 de ellos en Fuerteventura. “Muchos de estos ahogamientos podrían haberse evitado si hubiera más socorristas en las playas”, denuncian los profesionales del sector.
“Nos jugamos la vida por cuatro duros y nadie hace nada”, lamenta Rubén Samblás, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Al igual que Rubén, Jordi Martín, David Molina y Fabio Lucarelli llevan años trabajando como socorristas en Canarias y no dudan en denunciar una precariedad al límite, con sueldos que apenas sobrepasan los 1.000 euros mensuales. Un salario nada atractivo para nuevos profesionales que optan por trabajos mejor remunerados y dejan los arenales sin cubrir.
En playas donde deberían operar al menos 12 socorristas, como en las Grandes Playas, de Corralejo, “muchas veces solo hay seis socorristas a pesar de que un rescate seguro exige al menos dos socorristas en cada torre, pero estamos solos”, lamentan.
Torretas cerradas y bandera roja
En el resto de Canarias, la situación es similar. Y las empresas adjudicatarias del servicio, como Cruz Roja en La Oliva, incumplen las condiciones “porque los beneficios vienen de la precarización de nuestros sueldos”, critican.
Se espera que el Ayuntamiento norteño culmine la rescisión del contrato, después de rechazar el recurso presentado por Cruz Roja a la sanción de 200.000 euros interpuesta por la corporación, precisamente, por incumplimientos graves del servicio. Una medida, aplaudida y “valiente”, reconocían, que deberían adoptar también otras corporaciones del archipiélago.
Mientras tanto, piden a la corporación una reunión con toda la plantilla para conocer de cerca qué medidas se van a adoptar, ya que “nos hemos dirigido a la empresa, a través de los sindicatos y del Comité de empresa, para solicitar un plan de contingencia, pero no ha habido respuesta”.
Quieren información sobre las medidas a implementar y los plazos previstos de cara a asegurar la vigilancia adecuada y responder a lo establecido en el pliego de condiciones y el plan de seguridad.
Y, ¿después?
Pero, ¿qué ocurrirá después? Los socorristas temen que vuelva a repetirse el mismo problema con otra empresa adjudicataria que también optaría, previsiblemente, por la subcontratación a la baja.
En esta línea, algunos proponen que los socorristas pasen a ser empleados públicos de los ayuntamientos, en lugar de depender de concesiones privadas que precarizan el sector.
Con una contratación municipal y procesos selectivos rigurosos que garanticen la contratación de personal realmente capacitado. “Aquí cualquiera con un título puede ser contratado sin haber pasado pruebas físicas ni de rescate, lo que pone en riesgo su vida y la de sus compañeros”, advierten.
La falta de un sistema de evaluación acorde al servicio, insisten, hace que algunos trabajadores no estén preparados para actuar en situaciones críticas, “se quedan paralizados y nos obligan a otros a intervenir solos en rescates de alto riesgo”.
Por otro lado, también señalan la necesidad de un convenio colectivo del sector, como han logrado en Barcelona o Baleares, ponen como ejemplo, donde los socorristas han conseguido mejorar sus condiciones salariales hasta alcanzar los 1.900 euros mensuales.
En Canarias, sin embargo, siguen sujetos a un convenio colectivo que los equipara con monitores de gimnasio.
“Nos pagan como si estuviéramos en una piscina cubierta, cuando aquí nos enfrentamos a rescates de alto riesgo en el Atlántico”, explican.
Primera causa de muerte no traumática en Canarias
Los socorristas denuncian que los políticos los ven como un gasto incómodo pero necesario. “Nos tratan como un servicio secundario cuando, en realidad, somos la primera barrera de seguridad en las playas”, destacan.
Alertan de que los ahogamientos constituyen la primera causa de muerte no traumática en Canarias y recuerdan que la DGT invirtió casi 200 millones de euros en campañas de seguridad vial en los últimos años. “¿Por qué no se presta la misma atención a la seguridad en el mar?”, cuestionan.
También ponen el foco en la falta de autoridad en los arenales, lo que dificulta el control y la prevención de incidentes. Denuncian que no existen sanciones efectivas para quienes ignoran las banderas rojas o las indicaciones del servicio de vigilancia, poniendo en riesgo su propia vida y la de los socorristas. “Rescatamos a personas que han desobedecido las advertencias y después no hay ninguna consecuencia”, lamentan.
A esto se suma la actitud de muchos bañistas, que desafían las normas y llegan a enfrentarse verbalmente con los socorristas. “Nos insultan cuando les pedimos que salgan del agua en zonas peligrosas. Sin respaldo policial, nuestra labor es aún más complicada”, denuncian, instando a una mayor presencia de los agentes del orden y también más acción.
Alzar la voz a pesar del miedo
Por último, los socorristas también pusieron de manifiesto el temor existente a denunciar su situación por las represalias que adoptan empresas adjudicatarias del servicio contra los trabajadores que se atreven a dar a conocer la situación real en las playas.
“Hay mucho miedo”, reconocieron, dando la cara y exponiéndose públicamente para visibilizar una situación que debe mejorar por el bien de los usuarios, por los turistas y por quienes se juegan la vida para salvar la de otros, ‘por cuatro duros’.