Los populares recuerdan que Lloret se dio de baja voluntaria de la Seguridad Social pocos días antes de acudir a Madrid Fusión y que cobró dietas por ello en calidad de presidente, a sabiendas de que ya no estaba reconocido su contrato como presidente de la Institución insular
Tras hacerse público que el Cabildo de Fuerteventura tendrá que pagar una sanción de 7.000 euros como consecuencia del fraude cometido por el presidente del Cabildo, Sergio Lloret, quien se dio de baja de la Seguridad Social el pasado mes de enero para no disfrutar del permiso por paternidad obligatoria que establece la Ley, el Partido Popular en el Cabildo majorero espera que sea el propio Sergio Lloret quien asuma con su patrimonio personal el pago de esos 7.000 euros. “Los vecinos de esta isla no tienen por qué pagar la irresponsabilidad de una acción que, además, afecta a su ámbito privado y que siempre hemos respetado. El presidente del Cabildo ha sido en todo momento conocedor de que estaba obligado a coger la baja por paternidad, porque así lo establece la Ley General de la Seguridad Social”, señala el portavoz del Partido Popular Claudio Gutiérrez, “y lo hizo a sabiendas de que cometía un fraude”. En este sentido, los populares apuntan el hecho de que llegó a ofrecer una rueda de prensa para confirmar que efectivamente se daba de baja de la Seguridad Social pero que seguiría manteniendo su agenda inalterada.
Sin embargo, esta no es la primera vez que el presidente manipula el sentido de la ley o la interpreta de forma subjetiva para sus propios intereses. El caso más grotesco se observa en la conformación del Consejo de Gobierno, compuesto únicamente por dos personas, cuando el Reglamento del Cabildo establece un número mínimo de tres. “Primero nos llevó a una situación de inseguridad jurídica con informes en la mano y, ahora, a defraudar a la Seguridad Social por mantenerse de presidente a pesar de que el Gobierno de España ya le ha dejado bien claro qué dice la ley y señalándole en el artículo 3.1 del Código Civil que establece no valen interpretaciones de la ley flexibles, a gusto del consumidor. Por eso esperamos que, como mínimo, la multa la pague el presidente de su bolsillo y no del de todos los majoreros”, concluye Gutiérrez.
