● Se trata de la mayor incorporación de personal técnico de la historia reciente del Ayuntamiento.
● La administración de La Oliva arrastra un importante déficit de recursos humanos.
Este lunes han tomado posesión siete nuevos funcionarios interinos en el Ayuntamiento de La Oliva. Se trata de seis técnicos de administración general y un ingeniero que han pasado cubrir plazas vacantes de nueva creación en la plantilla de personal a las que se ha dado cobertura a través de varias listas de reserva.
El nuevo personal prestará servicios en áreas generales como secretaría, contratación o urbanismo. Además, parte del personal dará cobertura técnica al resto de departamentos municipales.
La alcaldesa Pilar González ha dado la bienvenida a los nuevos empleados públicos y destacó que su incorporación “es una gran noticia para la administración de este municipio porque nos permitirá agilizar la tramitación de expedientes y aliviar la sobrecarga de trabaja que padecen algunos departamentos”.
La regidora municipal ha destacado que “el Ayuntamiento de La Oliva arrastra un déficit tremendamente alto en materia de recursos humanos; somos de los ayuntamientos con menos empleados públicos per cápita y eso se hace notar el avance de la tramitación”. Pilar González ha aprovechado para poner en valor “la encomiable tarea que prestan los actuales trabajadores del Ayuntamiento, que a pesar de la escasez de recursos han trabajado el mantenimiento de todos los servicios públicos”.
González ha destacado el refuerzo en el área de Urbanismo que permitirá agilizar la tramitación de las solicitudes de licencia municipal de construcción. “El Ayuntamiento no puede ser el freno a la inversión en el que se tenga que esperar años para obtener una licencia de obra”, enfatiza la alcaldesa, quien destaca que en los últimos meses “hemos conseguido ir retrasando ese tiempo de espera”.
En materia de recursos humanos, el gobierno municipal sigue avanzando en la negociación con los sindicatos para alcanzar un documento de relación de puestos de trabajo (RPT) de consenso. Se trata del documento de ordenación de los recursos humanos de una administración que permite la adscripción de los empleados públicos a puestos concretos. El objetivo del gobierno es poder aprobarla tras el verano.
