El Ayuntamiento de La Oliva ha vuelto a alzar la voz frente al Ministerio del Interior tras la publicación del último informe de criminalidad en Fuerteventura. Según el Consistorio, el Estado español sigue sin asumir su responsabilidad para garantizar la seguridad ciudadana en la isla, mientras el municipio ha reforzado notablemente sus recursos y medios propios para suplir esa carencia.
Desde 2021, asociaciones y sindicatos policiales han advertido que la isla necesita entre 80 y 100 agentes adicionales de la Guardia Civil y 30 más de la Policía Nacional, una demanda que no ha recibido respuesta por parte del Gobierno central. En este contexto, el Ayuntamiento ha decidido actuar por su cuenta, multiplicando por nueve el presupuesto municipal de Seguridad Ciudadana, que ha pasado de 50.000 a 460.000 euros anuales.
En paralelo, la plantilla de la Policía Local ha aumentado de 31 a 52 efectivos en solo dos años, y se han incorporado nuevas herramientas como cámaras de videovigilancia, drones, una unidad canina y la recuperación de la Unidad de Medio Ambiente (UMA).
“La seguridad no puede seguir siendo una carga exclusiva del municipio. Desde La Oliva estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, pero nuestras competencias y recursos tienen un límite”, declaró el alcalde Isaí Blanco, quien también recordó que “ya hemos visto noches enteras sin un solo agente de la Guardia Civil en Corralejo. Es inaceptable”.
Blanco subrayó también el papel crucial de la Policía Local en sucesos recientes, como el asesinato de un turista danés en Corralejo, cuya resolución fue posible gracias a la coordinación entre cuerpos de seguridad y al sistema de vigilancia instalado por el municipio.
Durante la última Junta Local de Seguridad, celebrada en enero, el Ayuntamiento volvió a reclamar al Estado refuerzos humanos y materiales o, en su defecto, una transferencia directa de fondos que permita ampliar aún más los recursos de la Policía Local. La propuesta aún no ha recibido respuesta.
“La gente está preocupada y con razón. Pero que quede claro: el Ayuntamiento de La Oliva sí ha cumplido. Ahora le toca cumplir al Estado”, concluyó el alcalde.
