La Junta de Compensación La Lajita 2000 ha hecho pública una nota informativa en la que expone la situación actual de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Lajita y el estado del expediente de rehabilitación en trámite. El documento —emitido antes de su disolución efectiva— subraya que la instalación lleva más de 15 años sin ejercer funciones de depuración en sentido pleno, limitándose actualmente a realizar un pretratamiento de las aguas residuales, que posteriormente son derivadas a un punto de vertido.
Según los informes del Consejo Insular de Aguas, esta situación se arrastra desde hace más de una década, lo que evidencia, a juicio de la Junta, la necesidad urgente de una actuación integral.
Un proyecto de rehabilitación insuficiente y con documentos contradictorios
El expediente sometido a exposición pública parte de una necesidad real de 250 m³/día —dato de 2017—, pero el proyecto en tramitación contempla únicamente una capacidad de 200 m³/día, insuficiente para atender la demanda actual y futura.
La Junta advierte que la documentación genera confusión al mencionar, sin claridad técnica, capacidades de 600 m³ “en proyecto” y 1.800 m³ en fases no especificadas. No se aclara si son escenarios teóricos, fases futuras o actuaciones previstas ni su viabilidad económica o temporal.
Además, denuncian irregularidades en la exposición pública, donde se mezclan datos y contenidos de Antigua con los propios de La Lajita, dificultando evaluar correctamente el impacto de la obra. La Junta sostiene que esta mezcla evita afrontar la posibilidad de un estudio de impacto ambiental, imprescindible en proyectos de este tipo.
Reivindicaciones históricas de los propietarios
Hasta su disolución por sentencia firme, la Junta de Compensación defendió varias líneas prioritarias:
- Reutilización en suelo público de todas las aguas correctamente tratadas.
- Coordinación en la planificación de nuevas canalizaciones con los propietarios actuales, evitando obras improvisadas.
- Que la EDAR responda al futuro desarrollo urbanístico del ámbito La Lajita 2000, llamado a concentrar una parte importante de la población futura.
El colectivo insiste en que el proyecto actual no garantiza cubrir las necesidades reales del entorno ni su expansión prevista.
Una ubicación cuestionada y propuestas alternativas
La normativa establece que las EDAR deben situarse a 2.000 metros del núcleo urbano, salvo excepciones justificadas. En el caso de La Lajita, la Junta insiste en que la ubicación actual, unida a los vientos dominantes, puede provocar molestias por olores, afecciones a la calidad del aire e impacto negativo en la vida cotidiana.
Por ello, en 2021 remitieron al Ayuntamiento —registro 2021/12703— dos alternativas ubicadas fuera del casco urbano, diseñadas para minimizar las afecciones y mantener la operatividad técnica. En la documentación gráfica (página 2 del archivo) se observan ambas localizaciones propuestas.
Planificación insular y oportunidad estratégica
El Plan Hidrológico Insular de Fuerteventura (PHI) recomienda avanzar hacia sistemas centralizados de depuración y potabilización, más eficientes y sostenibles desde el punto de vista técnico y ambiental.
La Junta sostiene que este es el momento para diseñar una infraestructura integrada que atienda las necesidades presentes y futuras de La Lajita, Costa Calma y áreas colindantes, garantizando capacidad suficiente, cumplimiento legal y sostenibilidad.
En su nota, la Junta de Compensación afirma que la ciudadanía tiene derecho a información “clara y responsable” sobre infraestructuras esenciales. El texto concluye advirtiendo que no pueden seguir tolerándose proyectos “que no cubren las necesidades reales, que generan inseguridad jurídica o que nacen ya insuficientes” y reafirma su compromiso con que cualquier actuación cumpla la legalidad y responda al interés general.
La Junta de Compensación La Lajita 2000 ha expuesto la situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Lajita, que lleva más de 15 años sin ejercer funciones de depuración en pleno. La Junta señala que el actual proyecto de rehabilitación es insuficiente y presenta documentos contradictorios. Además, cuestiona la ubicación de la EDAR y presenta alternativas, y defiende el derecho de la ciudadanía a una información clara y responsable sobre infraestructuras esenciales.