Ayer domingo 12 de noviembre se sucedían por toda la geografía española concentraciones convocadas por el PP y VOX en contra de la amnistía. No sólo en las principales capitales de provincia del país, sino en localidades más pequeñas la opinión pública española se ha movilizado para decir «no» a los pactos del PSOE, especialmente en lo que se refiere a la ley de amnistía, la figura jurídica sin la cual Junts y Esquerra no apoyarían al gobierno de coalición para que Pedro Sánchez vuelva a ser investido presidente.
El Partido Socialista de Puerto del Rosario, en publicación a través de tus redes sociales, ha comunicado, en relación a las manifestaciones que tenían lugar ayer, que «defiende el derecho de reunión pacífica en defensa de los legítimos intereses de quienes la promuevan». «Esta semana próxima es decisiva para nuestro País porque una mayoría de españoles nacida de las elecciones del 23 de julio y representados en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, respaldarán un Gobierno de progreso que siga avanzando en la mejora de las pensiones de nuestros mayores, los salarios de los trabajadores, la educación pública, la conciliación familiar o simplemente la libertad de quien quiere ejercer el derecho a una muerte digna y que mira al futuro con optimismo e ilusión en una España diversa y plural que quiere pasar definitivamente página de un periodo histórico convulso, profundizando en el sistema autonómico que nos dimos en 1978, reconociendo las singularidades de las nacionalidades y regiones que la conforman».
En los últimos días la amnistía protagoniza el debate político y jurídico en España. Es la condición que piden Junts y ERC para apoyar la posible investidura de Sánchez. De salir adelante, desaparecerían las causas penales encausadas a los políticos que participaron en el ‘procés’ del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, su encaje legal y constitucional es controvertido.
La cuestión es que la Constitución no recoge ninguna mención concreta a esta figura jurídica, ni para permitirla ni para prohibirla. Entre los juristas, no hay unanimidad acerca de si la ley permite una medida de gracia colectiva como esta y todo apunta a que dependerá de qué detalles incluya el articulado de la propuesta de amnistía.
