La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canaria (CCa), Jana González Alonso, intervino en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia para preguntar por las medidas que llevará a cabo el Gobierno de Canarias para que las administraciones públicas canarias tengan sus planes de igualdad “y se cumpla con lo que establece la Ley Canaria de Igualdad”.
“Muchas veces hemos reflexionado en esta Cámara sobre todas las obligatoriedades que establece dicha Ley a las empresas privadas y los controles que hay para que se establezcan estos planes de igualdad, pero la realidad es que la Administración pública no ha cumplido con estas obligaciones”, expresó la diputada.
En este sentido, lamentó que la responsable del área, Nieves Lady Barreto, recibiera “una consejería con muchos deberes por hacer en materia de igualdad”. Asimismo, Jana González recordó que “en la pasada legislatura tuvimos la experiencia de una denuncia de acoso sexual en el ámbito laboral de una administración pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y no había un protocolo de actuación, por lo que la víctima se vio totalmente desprotegida”, argumentó la parlamentaria.
Con la intención de revertir y evitar que se repita una situación similar, la diputada majorera quiso conocer qué acciones se están llevando a cabo desde la Consejería para cumplir con las normas aprobadas por el Parlamento de Canarias y que cumpla con lo establecido en los artículos recogidos en la Ley Canaria de Igualdad.
En el articulado de esta ley, se establece que el Gobierno de Canarias, sus empresas públicas y sus entidades instrumentales deberán elaborar periódicamente Planes de Igualdad, en los que figuren los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato, de oportunidad, y de resultado en el empleo público, así como la adopción de medidas para su consecución. A su vez, establece que dichos planes concretarán un plazo para su evaluación y corrección de las medidas que se consideren oportunas.
Además, la ley cuenta en su artículo 36 con la obligación de la protección del acoso sexual y al acoso por razón de sexo, donde determina que la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias adoptará las medidas necesarias tanto en la administración pública como en la privada.
