Entre Mares pide coordinación para atender a los 3.000 inmigrantes en Fuerteventura que pueden acogerse a la regularización extraordinaria

Más coordinación y celeridad en los informes de vulnerabilidad

Caos en Fuerteventura en los primeros días en los que se ha puesto en marcha la regularización extraordinaria de personas migrantes. Unas 3.000 personas en la isla podrían estar en situación de solicitar esta vía que posibilitará lograr regularizar la situación durante un año para poder trabajar, cotizar a la seguridad social y residir en la Isla mejorando su situación de vida y atendiendo, además, al sector empresarial. La patronal turística Asofuer, por ejemplo, ha alzado su voz en reiteradas ocasiones pidiendo que les dejen contratar a personas que ya viven en Fuerteventura, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades para atraer mano de obra de fuera debido a la falta de vivienda.

En la tertulia del programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, se abordó el procedimiento que permite solicitar la regularización a personas que ya se encontraban en el país antes del 1 de enero de 2026, siempre que puedan acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud y carezcan de antecedentes penales.

El presidente de Entre Mares, Marco Rodríguez, el secretario de la entidad, Faissal Ellatifi, además del presidente de Fuerte Sahara, Juambi Cabrera, evidenciaron en la tertulia el colapso que se está produciendo en las entidades habilitadas para el proceso. La oficina de Correos de Puerto del Rosario, es la única oficina habilitada en la isla para este proceso, y ya tiene todas las citas completas. Por eso, se insta a poner a disposición otras oficinas de la red del correo en el resto de la geografía insular.

En Fuerteventura, la asociación Entre Mares está prestando el servicio desde el pasado día 20. Tal es la demanda que la entidad está desbordada atendiendo en las primeras jornadas a más de cuarenta personas diariamente, destacaba Ellatifi.

El tiempo corre y el final del plazo de solicitud establecido en el 30 de junio, obliga a acelerar trámites. Por eso, se pide a los ayuntamientos coordinación a fin de que los Servicios Sociales puedan avanzar en los certificados de vulnerabilidad.

Desde Entre Mares hacen un llamamiento expreso al Ayuntamiento de Puerto del Rosario que, según advierten, no está siendo eficaz en la tramitación del empadronamiento. Un trámite que no es necesario para solicitar la regularización extraordinaria pero sí para obtener el informe de vulnerabilidad que deben presentar algunos de los solicitantes. La entidad advierte de que no basta con abrir un procedimiento administrativo si después no se articulan recursos suficientes para acompañar a quienes deben reunir documentación, solicitar informes o resolver dudas básicas.

Aseveran que el Ayuntamiento capitalino estaría exigiendo documentación añadida para emitir los informes de vulnerabilidad, como contrato de alquiler o cuenta corriente, requisitos que no estarían recogidos en el Real Decreto y que, además, muchas personas no pueden aportar precisamente por su situación administrativa.

«Los ayuntamientos deben cumplir el real decreto tal cual está. Lo que no se pueden inventar son requisitos añadidos a los que establece el Ministerio», advirtió Rodríguez, que fue más allá al señalar que «eso no es legal y lo tiene que saber el Ayuntamiento de Puerto del Rosario».

A ello se suma el retraso en las citas, según explicó Faissal Ellatifi, «en Puerto Rosario, la última cita que le han dado a una usuaria es el 27 de mayo», lo que deja apenas un mes para completar la documentación antes de que finalice el plazo, el 30 de junio.

Desinformación y antecedentes penales

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de frenar bulos. El más dañino, el relativo a los antecedentes penales. Faissal Ellatifi fue especialmente contundente en este sentido y quiso cortar de raíz los bulos en este ámbito. «El tema de los antecedentes penales es un requisito imprescindible», subrayó, recordando que no se trata de una exigencia excepcional de este procedimiento, sino de una condición habitual en los trámites de extranjería. «Eso, que lo sepa todo el mundo», insistió. Por eso, desde Entre Mares llevan semanas recomendando a los usuarios que soliciten cuanto antes la documentación en sus países de origen, ya que «si no lo cumple cualquiera, esa solicitud se va a echar para atrás».

Denuncia sobre la exclusión de los saharauis

El presidente de Sahara Fuerte, Juambi Cabrera, denunció además la exclusión de los saharauis del procedimiento. Fueron excluidos del decreto, advierte, «a última hora, con nocturnidad y alevosía…porque estaban dentro, en los borradores previos».

La medida cayó como una «sorpresa desagradable» entre el colectivo, reconoce recordando que en España, hablar de apátridas es hablar mayoritariamente de saharauis: «De mil apátridas, 929 son saharauis», afirmó.

Según aseveró, la explicación atribuida al Ministerio es que las personas apátridas ya cuentan con un procedimiento específico para obtener ese reconocimiento.

Sin embargo, Cabrera rebate ese argumento porque, aunque la ley fija un plazo de tres meses para resolver el estatuto de apátrida, en la práctica «normalmente son más de tres años» y, en algunos casos, «seis, siete años». Durante ese tiempo, denunció, las personas quedan sin residencia efectiva, sin capacidad de trabajar y sin acceso pleno a servicios públicos.

Cabrera recordó que, desde hace cuatro años, la posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental cambió al asumir la propuesta marroquí de autonomía para resolver el conflicto.

Ese giro se produjo en marzo de 2022 mediante una carta dirigida a Mohamed VI y supuso un cambio respecto a la posición histórica española sobre el Sáhara.

Ahora, Cabrera vincula esa nueva línea con la exclusión de los saharauis del decreto. De hecho, asegura, el Frente Polisario interpreta la medida como parte de un «patrón de actuación del gobierno español» y denunció que España «le da la espalda al pueblo saharaui».

En ese contexto situó también la reunión prevista para este viernes del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la MINURSO, la misión creada en 1991 para organizar el referéndum del Sáhara Occidental.

Cabrera reconoció que las expectativas son bajas. «Las esperanzas son pocas» de que la misión continúe «tal como está concebida hasta ahora en la versión del referéndum», dijo advirtiendo de que si la MINURSO cambia de estatus, la situación del pueblo saharaui podría «empeorar de nuevo».

Para concluir recordó los 50 años de lucha de la población saharaui en defensa de su autodeterminación. Medio siglo en el que «hemos aprendido y esto no va a variar la voluntad de los saharauis de seguir luchando».