Como viene siendo habitual, ni este Gobierno de Canarias, ni el anterior, ni el otro, escuchan o escucharon lo que las plataformas y los activistas sociales recomiendan o defienden, así, con este decreto futuro sobre el alquiler vacacional en Canarias, ni nos llamaron antes ni tiene pinta de que nos vayan a llamar en esta nueva fase de borrador. Para colmo llevo media mañana intentando contactar por teléfono con la Consejería de Turismo y no hay forma de que te descuelguen, algo por cierto muy normal en la mayoría de oficinas del Gobierno de Canarias, ellos viven felices ajenos a lo que le pasa al pueblo. Pese a todo, como es tan descarado lo del alquiler vacacional y está haciendo tanto daño, no les queda más remedio que hacer algo y por eso sacan una normativa de la que ahora empezamos a conocer algunos detalles. Y bueno, como es probable que no llamen a consulta a la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, vamos por delante con este artículo, que le haremos llegar también a la Consejería.
Para empezar, más allá del borrador, de lo que diga o no diga, de entrada ya llega tarde, muy tarde, cuando el daño ya está hecho, cuando en Canarias el alquiler vacacional supone ya el 36% del alojamiento turístico y ha invadido y colonizado prácticamente todo nuestro territorio, nuestros pueblos, nuestra zona turísticas, nuestras ciudades, nuestras medianías, todo, absolutamente todo colonizado por el alquiler vacacional. Y llega tarde porque, entre otras cosas, en torno al 75% de esta actividad en Canarias la gestionan empresas medianas o grandes, y solo un 25% corresponde a pequeños propietarios, y es de suponer por tanto que todas estas empresas enfocadas al negocio del turismo no van a revertir su actividad para dedicar las viviendas a alquiler tradicional a familias canarias. Así que por esa parte que no cuente la gente con que se vaya a revertir la actividad y se vayan a devolver viviendas al alquiler residencial, cuando además el borrador parece que solo habla de las que se pretendan crear de ahora en adelante, pero nada dice de las viviendas ya existentes, salvo contadas excepciones. Pero lo peor de este llegar tarde no es solo por el daño ya hecho, es que llegan tarde porque han querido llegar tarde, por dolo, por culpa, por una clara dejación de funciones, porque los respectivos gobiernos que han pasado por Canarias, tanto autonómicos, como insulares, como municipales, no han querido escuchar, y no han querido atender lo que se hacía en otras comunidades autónomas o lo que legislaba Europa. Así, podemos remitirnos a comunidades como El País Vasco, donde ya a mediados de 2018 había una normativa autonómica muy restrictiva y garantista vigente, que entre otras cuestiones obliga a contratar un seguro de responsabilidad civil por persona bastante elevado (35.000 euros), obliga al propietario a inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, y a pagar por tanto unos impuestos considerables, obliga a contar con la autorización de la Comunidad de Propietarios, limita las viviendas sólo a las plantas más bajas y un número muy limitado por edificio, y establece unas multas elevadísimas para cualquier infracción (10.000 euros para las sanciones leves y 600.000 euros para las muy graves). La normativa autonómica del País Vasco se completa y refuerza además con las normativas municipales, como la de ayuntamientos como San Sebastián o Bilbao, donde también pueden prohibir la actividad en determinadas zonas a criterio de cada ayuntamiento, y hay que firmar a la entrada del turista una cantidad de burocracia, de registros y de papeleos que hacen imposible pensar en alguna irregularidad.
Todo esto funciona allí en el País Vasco desde hace bastantes años, y parece que funciona bien, aunque seguro tendrán también problemas con la turistificación porque es global en países como España, pero en absoluto como el desastre que sufrimos en Canarias. Y todo esto, lo que se hacía en el País Vasco o lo que legislaba Europa, se lo hicimos ver a nuestras administraciones en Canarias, por escrito con registro, desde inicios del año 2021. Desde esa fecha estamos registrando en ayuntamientos, en cabildos y en gobiernos de Canarias la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2020, la que habilita a cualquier ayuntamiento en Europa a poner límites, restricciones y fiscalizaciones a la actividad del alquiler vacacional. En Canarias, como ven, han pasado cuatro años, y ahora, cuando el daño ya está hecho, ahora quieren sacar una normativa, que curiosamente se apoya jurídicamente en esa Sentencia del TJUE que llevan años sin atender, y que seguro seguirá sin tener ni la mitad de garantías y seguridades que tienen en el País Vasco, por fijarnos en alguna. Pues saben qué les digo: son ustedes, sus señorías, políticos y políticas de este archipiélago, una vergüenza, o peor, una gran desgracia, y deberían pedir disculpas, todos, y dimitir unos cuantos, como mínimo.
Y si entramos en el borrador en sí, de lo poco que hemos sabido, está bien que al menos establezcan unas condiciones mínimas para las viviendas y eliminar así las vergonzosas tiendas de campaña, cuartuchos, cuevas y demás que se han ido alquilando. Más allá de eso y alguna cuestión técnica añadida, parece que al final van a descargar la responsabilidad final en los ayuntamientos y en su planeamiento urbanístico, luego vamos a arreglados. Pues ya saben ustedes lo ineptos, lentos e inoperativos que son la mayoría de ayuntamientos en Canarias, que nada quieren saber cuando se trata de trabajar y sentarse a elaborar cosas de manera seria y dedicada, ellos están más para fotitos, ferias de turismo y otros bonchos, y para ponerse sueldos altos por supuesto. Otra cuestión importante será saber si una vez aprobado el decreto y puestos los ayuntamientos a trabajar en el asunto, habrá voluntad de fiscalizar, controlar, limitar, multar y exigir, o será simplemente una normativa más de cara a la galería, aprobada para contentar a un sector de la población haciéndole ver que se hace algo cuando en realidad todo sigue igual.
En definitiva, por la vía de la normativa que pretende aprobar el Gobierno de Canarias sobre el alquiler vacacional, salvo que le den una vuelta al borrador de arriba abajo y lo cambien sustancialmente, con lo que hay poco o nada va a mejorar la situación de la vivienda en Canarias. Las soluciones ya las saben, si nos siguen, porque estamos hartos de repetirlas: 211.000 viviendas vacías en Canarias a las que no se mira ni aprieta, especulación desatada, todo para el sector privado, casas que se compran y venden entre bancos y fondos buitre a precio de ganga, descontrol, inoperatividad y pugna entre Visocan y el ICAVI, acaparamiento de vivienda por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo, superpoblación, encarecimiento de todo, sueldos muy bajos, turismo a punto del colapso, 1% de viviendas sociales, el porcentaje más bajo de Europa, y un modelo turístico que no sirve para llevar prosperidad más que a unos pocos, con un estatuto RUP agotado, que no frena el desastre, ni permite a Canarias avanzar en las soluciones necesarias, algo que sí permitiría el modelo de País y Territorio de Ultramar (PTU). En resumen, hay que ir a la raíz de los problemas, y cambiar los modelos, tanto el económico como el de relación con Europa, solo así podrán mejorar las cosas en esta tierra canaria. Si nos dicen desde arriba, los que mandan, que no se puede, habrá que buscar la forma de poder.
