La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia de género, destacando los protocolos que garantizan la prevención, detección precoz y atención integral a las víctimas. Esta acción coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado cada 25 de noviembre.
La violencia de género, reconocida como una violación de los derechos humanos, es abordada por el SCS mediante tres herramientas clave: el Protocolo de Detección y Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género en Atención Primaria, el Protocolo de Atención a Mujeres Víctimas de Agresión Sexual y el Protocolo de Abordaje de la Violencia en la Infancia y Adolescencia.
Atención Primaria: prevención y detección temprana
El Protocolo en Atención Primaria promueve un enfoque multidisciplinar, estableciendo pautas homogéneas para identificar y abordar casos de violencia en parejas o exparejas. Este documento incluye estrategias para superar barreras que impiden a las mujeres reconocerse como víctimas, así como la importancia de proteger a los hijos e hijas que también sufren las consecuencias de este problema.
Actuación en agresiones sexuales
El Protocolo de atención a mujeres víctimas de agresión sexual detalla procedimientos desde la acogida hasta la atención médica y forense, asegurando un trato respetuoso y evitando la revictimización. Además, contempla la toma de muestras específicas en casos de sospecha de sumisión química, garantizando criterios de calidad y equidad en la intervención.
Violencia en menores: una prioridad coordinada
Para proteger a menores, el SCS trabaja en colaboración con instituciones judiciales, de protección a la infancia y cuerpos de seguridad mediante el Protocolo de Abordaje de la Violencia en la Infancia y Adolescencia. Este documento regula las pautas ante sospechas de violencia, asegurando una comunicación efectiva y coordinada entre los servicios sanitarios y sociales.
Estos protocolos subrayan el compromiso del Gobierno de Canarias en garantizar la salud y la seguridad de las víctimas, ofreciendo recursos que permiten actuar de forma temprana y efectiva.
