El conflicto por la instalación de una antena de telecomunicaciones de 30 metros en el núcleo urbano de Antigua ha dado un giro decisivo este miércoles tras el anuncio del Gobierno de España de que se ha alcanzado un acuerdo para reubicar la infraestructura.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática han propiciado las conversaciones entre el Ayuntamiento de Antigua y la empresa promotora, que han culminado con el compromiso de paralizar la obra en el emplazamiento inicial y estudiar nuevas localizaciones que no supongan molestias para la ciudadanía.
El ministro Óscar López (Transformación Digital) y el ministro Ángel Víctor Torres (Política Territorial) se reunieron en Madrid con el alcalde de Antigua, Matías Peña, y con el CEO de la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones TOTEM, Patrick Farges, junto al secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. En el encuentro se acordó buscar una alternativa viable para garantizar la cobertura móvil de la localidad, que suma más de 14.800 habitantes.
El emplazamiento original había generado una intensa oposición vecinal por su proximidad —apenas 50 metros— a las viviendas. Además, la localidad llevaba semanas sin cobertura móvil tras la resolución del contrato de alquiler de la antigua infraestructura, lo que había elevado la urgencia de encontrar una solución.
En las últimas semanas, el conflicto se trasladó también al terreno político. Asamblea Majorera–Coalición Canaria (AM-CC) había anunciado la paralización del proyecto, algo que el Ayuntamiento desmintió, y el Partido Popular exigió rigor y transparencia ante la confusión generada. Mientras tanto, los vecinos, organizados bajo el lema #AntiguaSeDefiende, protagonizaron una multitudinaria manifestación con cerca de 300 participantes, respaldados por asociaciones como Fuerteventura Tiene Un Límite y SOS Fuerteventura Sostenible. Durante la protesta, portavoces como Carlos González y Alejandro Reyeros defendieron el derecho a un barrio habitable y anunciaron la solicitud de medidas cautelares: “Queremos que se paralicen las obras. Hay una serie de cosas que no nos cuadran, que el Ayuntamiento dice que sí, pero que nuestro abogado dice que no, y ahí está el litigio”, afirmó Reyeros.
Tras el acuerdo alcanzado en Madrid, el ministro Óscar López destacó que “siempre vamos a contribuir a buscar las soluciones que sean necesarias para que los ciudadanos y las empresas accedan a los beneficios de la sociedad digital, vivan donde vivan”, recordando que desde 2018 el Gobierno de España ha invertido en torno a 100 millones de euros en Canarias para mejorar la conectividad.
Por su parte, Ángel Víctor Torres valoró el consenso alcanzado: “Hemos atendido la petición que nos hacía el alcalde de Antigua y nos alegra haber encontrado una posición común en beneficio de todos. La antena será ubicada en el lugar más adecuado para la ciudadanía y para el operador, y eso es una gran noticia”, subrayó el ministro.
El anuncio supone un punto de inflexión en un conflicto que en pocas semanas había pasado de ser una reclamación vecinal a una cuestión de alcance insular y estatal. A falta de concretar la nueva ubicación, la mediación del Ejecutivo central ha desactivado de momento la amenaza de que la infraestructura se levante en el emplazamiento inicialmente previsto, abriendo la vía a una solución dialogada.
