Edu Blasco: “Proteger la vida no es un gasto a debatir”

 

 

La sucesión de muertes por ahogamiento en Canarias en los últimos días, con ocho personas fallecidas y una desaparecida, vuelve a poner en el foco del debate la necesidad de articular medidas que ayuden a paliar esta tendencia. A falta de pocas jornadas para concluir el año, en 2025 han perdido la vida en las Islas 66 personas, según las estadísticas de la asociación Canarias 1.500 km de costa; una cifra que se eleva a 72, de acuerdo con los datos que recoge el informe anual de la Federación de Salvamento y Socorrismo de España.

Canarias es la segunda comunidad autónoma con más fallecidos por ahogamiento, solo por detrás de Andalucía. Un dato alarmante que, además, no se concentra en la temporada estival. “Más de la mitad de las personas que se ahogan lo hacen fuera del verano”, advirtió Edu Blasco, buzo y nadador de rescate, desmontando el argumento de que se trata de un problema estacional.

Blasco también destacó el riesgo real que asume la población local, que “ha perdido el miedo al mar”. Recordó que “tres de cada diez personas que se ahogan son locales” y subrayó que “es más probable morir siendo canario en el mar que siendo turista”.

Sin embargo, apuntó, el problema radica en la percepción social del riesgo. “La sobreconfianza y la falta de conocimiento hacen que los medios de comunicación, la administración y la propia población vivan sin ningún tipo de miedo a morir ahogado”.

 

Rubén Samblás, socorrista de La Oliva, fue especialmente crítico con la respuesta institucional. “Hay una falta de compromiso institucional claro y poca voluntad política de arreglar este problema”, denunció. Recordó que Canarias tiene “una temporalidad anual” y vive del mar y del turismo todo el año y, sin embargo, “no tenemos un cuerpo profesional de socorristas” equiparable a otros servicios esenciales. “Tenemos policías, bomberos y hasta una policía autonómica, pero no un solo cuerpo profesional de socorrismo en las costas”. Precisamente, una de las propuestas del colectivo pasa por la creación de un cuerpo integral de socorristas.

La falta de autoridad del colectivo es otro de los grandes déficits. Sebastián Veiga, socorrista de Puerto del Rosario, explicó que su función es preventiva y reactiva, pero no coercitiva. “Nosotros no somos autoridad. Podemos aconsejar, pero no obligar”, señaló, reclamando mayor presencia policial en puntos de alto riesgo o puntos negros, equiparando el peligro al de las carreteras y a las advertencias que realiza la Dirección General de Tráfico.

Durante la tertulia se insistió, además, en que la prevención actual es insuficiente. Veiga propuso campañas más directas y tecnológicas: mensajes de alerta a los móviles de los turistas, información clara en aeropuertos y hoteles y avisos específicos según la isla. “Esto no es el mar Mediterráneo, esto es el océano Atlántico”, recalcaron los socorristas, subrayando que muchos visitantes desconocen la peligrosidad real del litoral canario. Blasco fue más allá al plantear campañas “agresivas”, similares a las impulsadas por la DGT, que “generan un alto impacto emocional”.

Fabio Lucarelli, socorrista en La Oliva, añadió que también faltan alternativas seguras. “A la gente hay que darle un plan B”, explicó, recordando que muchos visitantes acuden a piscinas naturales guiados por imágenes en redes sociales o Google Maps, sin conocer el riesgo real que entrañan determinadas mareas o corrientes.

Demandas claras y urgentes

Más allá del diagnóstico, los profesionales pusieron sobre la mesa una batería de demandas concretas. La primera, la dignificación laboral. Lucarelli fue claro: muchos socorristas cobran “el salario mínimo interprofesional” y están sujetos a “un convenio de instalaciones deportivas y gimnasios que no nos representa”. “Trabajamos en playa, nos jugamos la vida y cobramos menos que en otros sectores del mismo municipio”, lamentó.

Otra demanda clave es el refuerzo de plantillas. En playas extensas y con visibilidad limitada, “incluso con la plantilla completa el servicio es insuficiente”. Lucarelli reveló que en La Oliva “solo unos diez días en dos años” ha coincidido todo el personal previsto, una situación que convierte el servicio en “ineficiente y decorativo”.

Los profesionales exigen también vigilancia todo el año, especialmente en las zonas donde históricamente se concentran los ahogamientos. “Sabemos cuáles son esos puntos y cuándo hay alerta”, explicó Blasco. “Vigilar esos lugares en momentos críticos no es cerrar las playas, es proteger la vida”.

A ello se suma la demanda de formación integral, habilitada por la administración, y el reconocimiento del socorrista como profesional sanitario de emergencias. “No es un chaval que trabaja en verano”, insistió Blasco. “Es un profesional vocacional, entrenado y preparado, que debería trabajar todo el año y sentirse valorado”.

El argumento económico, según los ponentes, no se sostiene. “Una hora de helicóptero cuesta 3.000 euros”, recordó Blasco, frente a los menos de 20.000 euros que supone un socorrista anual. “Proteger la vida no es un gasto a debatir”.

Mejoras: convenio específico y un decreto ley

Los socorristas anunciaron que trabajan en un convenio específico de socorrismo, de ámbito autonómico, como ya existe en Baleares o Cataluña, que garantice salarios dignos, estabilidad y reconocimiento profesional. “Si quieren que haya socorristas, las condiciones tienen que cambiar”, advirtió Lucarelli, subrayando que se trata de un sector poco atractivo en las condiciones actuales.

En el ámbito normativo, reclamaron de forma expresa al Gobierno de Canarias la recuperación y actualización del decreto autonómico de socorrismo, el Decreto 116/2018, de 30 de julio, anulado por el Tribunal Supremo.

Sebastián Veiga recordó que esta norma obligaba a los municipios, incluidos los de menos de 20.000 habitantes, a garantizar vigilancia en las zonas de baño. “Ese decreto se quedó en el olvido”, lamentó, subrayando que mientras no exista un marco legal claro “seguimos dependiendo de la voluntad política de cada ayuntamiento”.

Desde el colectivo consideran imprescindible que el Ejecutivo regional impulse un nuevo decreto que fije criterios homogéneos, refuerce la prevención durante todo el año y deje de tratar el socorrismo “como un gasto incómodo”.

Una regulación autonómica, defendieron, permitiría acabar con los parches y dar cobertura legal a un servicio esencial en un territorio rodeado de mar.