Diez años de residencia para optar a una vivienda pública: Canarias reforma su modelo habitacional

La medida llega en un momento especialmente sensible para las islas, donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. El incremento sostenido del precio del alquiler, la escasez de vivienda pública, la presión del mercado turístico y la compra de inmuebles por parte de no residentes han dejado a miles de familias, jóvenes y personas vulnerables fuera del mercado. A ello se suma una oferta pública históricamente insuficiente, con promociones que no han logrado cubrir la demanda real.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, explicó que el nuevo decreto implanta una “baremación objetiva” basada en la situación social, económica y familiar de los solicitantes, dejando atrás un modelo de adjudicación que, según el Ejecutivo, no respondía a la realidad de emergencia que vive Canarias. “Se prioriza a quienes más lo necesitan y a quienes han desarrollado su proyecto de vida en las islas”, señaló el consejero tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Uno de los pilares del nuevo sistema será la creación obligatoria de un registro único y valorado de demandantes, que permitirá ordenar las solicitudes de forma transparente y permanente, evitando que las adjudicaciones dependan de convocatorias puntuales o procesos aleatorios. Desde el Gobierno autonómico se insiste en que este registro será clave para garantizar un reparto más justo de los recursos públicos en un escenario de alta demanda y oferta limitada.

El decreto también introduce una revisión al alza de los cupos protegidos, reforzando la atención a colectivos especialmente afectados por la crisis de vivienda. En concreto, el cupo reservado a jóvenes pasa del 5% al 20%, una medida que busca frenar la expulsión de población joven del mercado residencial y su dependencia prolongada del entorno familiar. Las personas mayores de 65 años verán duplicado su cupo, del 5% al 10%, mientras que las víctimas de violencia de género aumentan su reserva del 5% al 8%. En el caso de las personas con limitaciones funcionales, el cupo se incrementa también hasta el 10%.

Estas modificaciones responden a una realidad social cada vez más compleja, en la que la vivienda no solo es un problema económico, sino también un factor de exclusión y desigualdad. En Canarias, los salarios medios no han crecido al mismo ritmo que los precios del alquiler, lo que ha provocado un aumento de la sobreocupación, el retorno forzado al hogar familiar y, en los casos más extremos, situaciones de vulnerabilidad habitacional.

El nuevo decreto abre además la puerta a la modernización del modelo constructivo, apostando por viviendas modulares o prefabricadas. El consejero subrayó que estas soluciones “no son infraviviendas como en el pasado, sino viviendas dignas, adaptadas al territorio y capaces de acortar los plazos de construcción”. El objetivo es responder con mayor rapidez a la demanda, especialmente en islas donde la disponibilidad de suelo y los tiempos administrativos dificultan la promoción de vivienda pública tradicional.

Desde el Ejecutivo canario se defiende que el endurecimiento de los requisitos de residencia no busca excluir, sino proteger el acceso a la vivienda de quienes han fijado su vida en el archipiélago, en un contexto en el que la competencia con compradores externos y el uso turístico de inmuebles ha tensionado gravemente el mercado. No obstante, el decreto previsiblemente abrirá un debate político y social sobre el equilibrio entre derechos, movilidad y arraigo, en una comunidad autónoma donde la vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de preocupación ciudadana.

Con esta reforma, Canarias intenta redefinir su política de vivienda pública en plena emergencia habitacional, con el reto de convertir los cambios normativos en soluciones reales para miles de personas que hoy siguen sin poder acceder a un hogar digno.