Una pareja residente en Gran Canaria ha admitido ante el tribunal la autoría de uno de los casos más estremecedores juzgados en los últimos años en Canarias. Ambos se enfrentan a duras penas de prisión por haber abusado sexualmente de sus hijas menores —una de ellas con apenas cuatro años al inicio de los hechos— y grabar imágenes pornográficas que almacenaban junto a otros archivos de contenido infantil. La Fiscalía ha solicitado finalmente 36 años de cárcel para el padre y mantiene la petición de 42 años para la madre.
El juicio se celebró este jueves en la Audiencia Provincial de Las Palmas. El acusado, B.A.L.P., se declaró culpable de los hechos, admitiendo haber cometido abusos continuados desde 2019 hasta 2022, y grabado imágenes de carácter pornográfico con las niñas. Durante su declaración, implicó a su entonces pareja, T.N.L.M., asegurando que ella también participó en las agresiones.
Por su parte, la mujer también reconoció su implicación, aunque alegó que actuó bajo coacción, afirmando que el hombre la amenazaba y que ambos consumían una bebida de color azul proporcionada por él, que afectaba a su voluntad y la de su hija.
Grabaciones y material incautado
La investigación reveló un extenso archivo digital con material sensible: dos móviles, tres discos duros y una memoria USB donde, además de las grabaciones realizadas a las hijas, se encontraron más de 200 archivos pornográficos de otros menores no identificados. Las pruebas fueron calificadas por la Fiscalía como “contundentes y reveladoras de una planificación prolongada y consciente”.
Según la acusación pública, los delitos cometidos son múltiples: dos delitos de abuso sexual continuado con acceso carnal y dos delitos de utilización de menores para la producción de pornografía infantil. Se solicita también la retirada de la patria potestad sobre todos sus hijos por un período de seis años.
Daños irreparables
El escrito fiscal subraya que una de las niñas, hija biológica de la mujer, presenta graves alteraciones conductuales como consecuencia directa de los abusos sufridos. El impacto emocional y psicológico sobre ambas menores ha sido calificado como “incalculable”.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama una indemnización conjunta de 200.000 euros para la hija del acusado y otros 100.000 euros para la hija de la acusada.
Ambos procesados permanecen en prisión preventiva desde 2022 y 2023 respectivamente. B.A.L.P. cuenta, además, con antecedentes por amenazas, quebrantamiento de condena y descubrimiento de secretos.
Este caso se convierte en uno de los procesos judiciales más duros que ha enfrentado la Audiencia de Las Palmas, no solo por la gravedad de los delitos, sino también por el perfil de vulnerabilidad de las víctimas, ambas niñas pequeñas, y la implicación directa de quienes debían protegerlas.
