Clavijo revela su estrategia para blindar Fuerteventura de las tierras raras: el ITC comprará las licencias

 

 

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha desvelado en declaraciones exclusivas a Radio Insular y La Voz de Fuerteventura la estrategia gubernamental para proteger Fuerteventura de la extracción de tierras raras: negociar con las empresas para que el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) adquiera las autorizaciones de prospección, con el compromiso expreso de no ejercer efectivamente ese derecho. El dirigente autonómico, quien estima un plazo de 2-3 meses para completar el proceso, ha confirmado además que impulsará modificaciones en la ley de minería nacional para blindar definitivamente la isla hasta que se apruebe el nuevo Plan Insular de Ordenación (PIOT).

«En el proceso de negociación, con el compromiso de la empresa de que no va a ejercer efectivamente su derecho, lo que estamos es adquiriéndolas por parte del ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias», explicó Clavijo en sus declaraciones, subrayando que el objetivo es evitar que «ninguna otra empresa con la que no podamos tener la capacidad de influencia que tenemos en estos momentos pueda adquirir una licencia y que se pueda activar».

El presidente ha insistido en que esta medida temporal es fundamental «hasta que no se modifique la ley de minería, que lo tiene que hacer el Gobierno de España o el Congreso de los Diputados, y hasta que no se tenga también el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura». Según Clavijo, es «la única forma que tenemos de blindar para que se haga lo que el pueblo de Fuerteventura quiere, y es que no se dé ninguna autorización ni se haga ninguna prospección en materia de tierras raras».

Una batalla de más de un año contra los permisos mineros

La polémica sobre las tierras raras en Fuerteventura estalló a principios de 2024 cuando la Dirección General de Industria del Gobierno canario admitió a trámite tres solicitudes de permisos de investigación presentadas por Tenáridos S.L., filial del Grupo Satocan. Los proyectos, denominados Muley (La Oliva), Opáres (Puerto del Rosario) y Verode (Pájara), abarcan más de 131 cuadrículas mineras que totalizan 43,8 kilómetros cuadrados, equivalente a casi el 20% del territorio insular.

 

 

Las tierras raras, conocidas como «las vitaminas de la industria» o «el oro tecnológico del siglo XXI», son un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la fabricación de dispositivos electrónicos, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares. Europa depende al 100% de China para su suministro, lo que ha llevado a la Unión Europea a promover la exploración doméstica a través de la Ley de Materias Primas Críticas de 2024.

Los estudios científicos del proyecto MAGEC-REEsearch, coordinado por la Universidad de La Laguna desde 2013, han identificado concentraciones de hasta 10 kilogramos de tierras raras por tonelada de roca en Fuerteventura, quintuplicando las concentraciones normales. Estas cifras han despertado el interés empresarial, pero también la alarma social por los potenciales impactos ambientales y económicos en una isla que vive principalmente del turismo.

Oposición social masiva y consenso político sin precedentes

La respuesta ciudadana ha sido contundente desde el primer momento. El 7 de abril de 2024, cientos de personas formaron una cadena humana en la playa de Ajuy, en lo que se convirtió en el símbolo de la resistencia contra los proyectos mineros. La plataforma «No Tierras Raras Fuerteventura» ha liderado la movilización social, organizando múltiples protestas y recogiendo más de 550 firmas contra la explotación.

El rechazo ha alcanzado un consenso político sin precedentes. El Cabildo de Fuerteventura rechazó unánimemente los proyectos mineros, mientras que el Parlamento de Canarias votó en contra de las prospecciones el 24 de abril de 2024, con todos los grupos políticos excepto Vox manifestándose en contra.

Los informes técnicos han sido demoledores. La propia Consejería de Transición Ecológica del Gobierno canario concluyó que la actividad minera «no tendría cabida» por afectar a espacios de la Red Natura 2000. Los análisis jurídicos del Cabildo determinaron múltiples violaciones del Plan Insular de Ordenación, incluyendo la prohibición específica de actividades extractivas en un radio de 3 kilómetros de la Montaña de Tindaya.

El marco legal: entre la protección territorial y las obligaciones europeas

La situación legal presenta complejidades que explican la estrategia de Clavijo. La Ley de Minas española de 1973 otorga carácter preferente a las actividades mineras sobre otros usos del territorio, una disposición que el gobierno canario busca modificar. Como ha explicado el presidente: «Estas autorizaciones que en su momento se dieron y se dieron con anterioridad a este Gobierno, lo que este Gobierno está haciendo es arreglar un problema que generó el Gobierno anterior».

La estrategia incluye acelerar la aprobación del nuevo Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, cuyo proceso de redacción fue licitado en noviembre de 2024. Este instrumento de planificación territorial puede establecer prohibiciones específicas para actividades extractivas mediante la zonificación del territorio y la declaración de áreas incompatibles con la minería.

Clavijo ha sido claro sobre los plazos: «Yo no creo que vaya a durar más de dos o tres meses, pero sí hay que hacerla adecuadamente, porque tenemos que tener la voluntariedad de la propia empresa y eso tiene que quedar cristalizado en un acuerdo en el que la autorización pasa a ser del Instituto Tecnológico de Canarias, que es una empresa pública del Gobierno de Canarias».

Impacto ambiental y económico: el turismo frente a la minería

Los riesgos ambientales de la minería de tierras raras son especialmente graves en Fuerteventura, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2009. Los proyectos afectarían a espacios protegidos de la Red Natura 2000 y zonas de especial conservación para las aves.

La isla alberga 15 especies de plantas endémicas exclusivas y es hogar de especies protegidas como el guirre (alimoche canario) y la hubara canaria. Los expertos advierten que cada tonelada de tierras raras extraída genera aproximadamente una tonelada de residuos radiactivos y puede producir hasta 12.000 metros cúbicos de gases contaminados.

Desde el punto de vista económico, el contraste es abrumador. El turismo genera casi 3.000 millones de euros anuales en Fuerteventura y proporciona el 39,7% del empleo total. La isla lidera las proyecciones de crecimiento con un aumento del 47,5% en el turismo internacional esperado para la temporada de invierno. En contraste, la ley minera española establece regalías de solo el 1% para el Estado, con la mayor parte de los beneficios destinados a los mercados internacionales.

El futuro: entre las garantías prometidas y la desconfianza ciudadana

La estrategia de adquisición de licencias por parte del ITC ha generado reacciones encontradas. Mientras el gobierno la presenta como una solución pragmática para blindar la isla, Nueva Canarias ha criticado el «doble discurso» del gobierno, exigiendo la paralización inmediata de las autorizaciones. La plataforma «No Tierras Raras Fuerteventura» habla de «incapacidad política» para caducar los expedientes mineros.

La plataforma ciudadana mantiene su exigencia de cancelación definitiva de todos los permisos y ha anunciado que continuará con las movilizaciones hasta conseguir garantías totales.

El desenlace de esta batalla determinará no solo el futuro ambiental y económico de Fuerteventura, sino que sentará un precedente crucial para la gestión de recursos minerales estratégicos en territorios con alto valor ecológico. Mientras Europa presiona para reducir su dependencia de China en materias primas críticas, Fuerteventura se ha convertido en el símbolo de la resistencia local frente a los intereses extractivos globales, defendiendo un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y el respeto al territorio.