El Juzgado de lo Social de Fuerteventura ha condenado a un inspector de Policía, a un agente y al Estado a indemnizar con 90.000 euros a una oficial de Policía por acoso laboral con discriminación por su condición de mujer durante el tiempo que estuvo destinada en la oficina de la Unidad de Extranjería y Documentación (UED) de Tuineje.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que la víctima fue sometida a acoso, tanto por su superior jerárquico, el inspector L.J.F.H., como por un agente de escala inferior al suyo, el policía J.M.M., a quien sustituyó en el cargo y quien desencadenó la situación al no estar conforme con la forma en la que la víctima, P.A.M., desempeñó la jefatura de la oficina, además de por el hecho de ser mujer.
Los hechos se produjeron de forma continuada durante los años 2021 y 2022, según se indica en la sentencia que ha admitido «sustancialmente» la demanda presentada por el abogado Juan Antonio Frago Amada, fiscal excedente y socio de Frago & Suárez Abogados Penalistas, que apunta que se trata de una de las indemnizaciones más altas fijadas por acoso dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
En la sentencia se condena al Estado también como responsable al haber fallado «claramente» a la hora de evitar que la víctima quedara expuesta a la situación de acoso laboral antes de que se iniciara, durante el tiempo que transcurrió y posteriormente.
La situación sufrida por la trabajadora desencadenó en una baja médica por motivos psicológicos, así como su traslado fuera de la isla.
El juez ha valorado como relevante el hecho de que el acoso cometido fuera por parte de dos personas de forma concurrente frente a una sola y su carácter «pluriofensivo». EFE
