- Representantes de varias entidades vinculadas a la ayuda a los más desfavorecidos de Fuerteventura analizan la nueva ley de aprovechamiento alimentario e instan a actuar en los comedores sociales para evitar la pérdida de ingentes cantidades de comida.
En 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos, lo que arroja una media de 31 kilos por persona. La escasez de comida en el mundo y la necesidad de evitar todo este desperdicio han llevado al Gobierno a impulsar una ley para el aprovechamiento de alimentos en toda la cadena alimentaria, incidiendo de forma especial en las empresas.
La medida es aplaudida por el Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas que considera que una vez entre en vigor, el Banco podrá repartir mayores cantidades de alimento entre los colectivos menos favorecidos y las entidades que trabajan en su favor. Así lo consideró su director en Las Palmas, José Ramón Pablos, en una entrevista en el programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
La entidad reparte una media de un contenedor al mes que viene a significar unas 30 toneladas de comida, no perecedera en los municipios de Fuerteventura. Alimentos que se entregan entre algunos ayuntamientos colaboradores y, sobre todo, a Misión Cristiana Moderna.
El pastor Ángel dirige esta Iglesia que surte de alimento periódicamente a 500 familias de Fuerteventura y procura desayuno, comida y cena a unas 150 personas usuarias de sus servicios a través de los comedores sociales y la casa de acogida, según desveló.
Por otro lado, Cáritas Diocesana también atendió, en 2021, a 346 familias en Fuerteventura, impactando en unas 1.200 personas, tal y como recoge el último informe elaborado por la entidad y que destacó su secretaria general en la provincia de Las Palmas. Caya Suárez insistió en la gran demanda de ayuda existente ya que “la mejora de la economía no ha impactado en las familias más vulnerables”. Cáritas prioriza en la Isla el impulso al empleo con una línea de programas que tiene una empleabilidad del 60 %, destacó.
La necesidad es aguda y es necesario optimizar estrategias para aprovechar mejor los recursos. Así lo pensaron las madres y los padres del CEO Puerto Cabras hace una década. Plantearon al entonces diputado y ex alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, la necesidad de cambiar la ley existente para evitar que los comedores escolares desecharan ingentes cantidades de comida que no se habían servido en las bandejas del alumnado. Quisieron cambiar las cosas e impulsar una PNL que permitiera modificar “unas pocas líneas de la ley” para que esa comida llegue a las familias más necesitadas y vulnerables. Gutiérrez recuerda que la Proposición No de Ley se votó en 2014 y logró la unanimidad de las fuerzas del Parlamento “pero desde entonces no se ha hecho nada y la ley sigue igual”, lamentó.
En este punto consideró, al igual que Pablos y el pastor Ángel, la necesidad de trabajar en las familias promoviendo medidas de concienciación para evitar el despilfarro de alimento que se produce en la mayoría de los hogares y aprovechar la nueva ley para, realmente, activar un sistema eficiente que ayude a paliar la vulnerabilidad de las personas con menos recursos.
