- “Corremos el riesgo de salir de la crisis sin haber aprendido nada”, se queja el sector del turismo sostenible
- La legislación canaria es más restrictiva en materia de transporte privado que la legislación estatal
- Pymes y profesionales han preparado un documento conjunto para que la norma deje de discriminar a Guías Turísticos y empresas de Turismo Activo
El subsector turístico sostenible está reivindicando cambios en las medidas que regulan el transporte privado y que está afectando gravemente a su actividad. Para ello, la Asociación Canaria de Empresas de Turismo Activo (ACTIVA CANARIAS) y las asociaciones profesionales de guía de turismo (APIT) están trabajando de manera conjunta para presentar la problemática al Gobierno de Canarias y las administraciones con competencia en materia de transportes, a las que enviarán un dictamen jurídico evidenciando que la ley autonómica, mucho más restrictiva que la estatal, está lastrando gravemente la actividad turística sostenible.
Para Antonio Hernández, autor del dictamen que las asociaciones profesionales han enviado a las administraciones públicas, hace patente la necesidad de actualizar la normativa y de coordinación entre las instituciones insulares y el gobierno autonómico en materia de transportes. “La ambigüedad de la norma en algunos de sus elementos esenciales y la disparidad de criterios entre las distintas instituciones con competencias en transportes ha generado un escenario de desigualdad y de evidente inseguridad jurídica”, asegura. Multas, situaciones de acoso y parálisis, son solo algunas de las graves consecuencias a las que se enfrentan, por lo que reclaman que se establezca un mecanismo de coordinación entre las administraciones insulares y el Gobierno de Canarias de manera que los cabildos trabajen con criterios idénticos en todo el archipiélago.
ACTIVA CANARIAS y las APIT piden al consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que no se convierta en un obstáculo para el cambio de modelo turístico, y que elimine elementos de la norma que suponen una limitación al desarrollo del turismo sostenible, tales como la obligación de transportar los materiales junto a los usuarios, la limitación a un máximo de dos años de matriculación en el momento de solicitar la licencia, o la restricción del número de licencias por empresa.
Laura Bethencourt, presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo (APIT) de Tenerife exige que la norma se adapte a los cambios en la demanda, acentuados por la crisis sanitaria debida a la Covid-19. “Cada vez más, el turista busca un servicio personalizado y vivir experiencias diferentes, más conectadas con la naturaleza, la cultura y las tradiciones del destino. Un nuevo modelo turístico trata de imponerse, pero no nos están permitiendo trabajar”, afirma. Una de las propuestas es, precisamente, introducir una licencia de transporte específica para guías de turismo habilitados que les permita realizar circuitos turísticos personalizados, cada vez más demandados por los turistas.
Por su parte, José Luis Echevarría, presidente de ACTIVA CANARIAS, es rotundo al señalar que no se puede hablar de diversificación turística mientras se obstaculiza el progreso de un subsector, el del turismo activo y el ecoturismo, que suponen una oferta más sostenible y respetuosa con el medio natural. “De nada sirve anunciar planes de recuperación del destino o afirmar que se apuesta por un cambio de modelo turístico si no se eliminan las barreras que están bloqueando el correcto desarrollo de nuestras actividades”, asegura.
Ambas organizaciones anuncian que se reunirán con las administraciones públicas con competencias en materia de turismo y transportes, así como con los partidos políticos con representación parlamentaria, para sensibilizar del grave perjuicio que está provocando la actual normativa canaria de transportes. Asimismo, no descartan nuevas acciones para exigir un cambio en esta política de discriminación.
