Ayudas al alquiler: Puerto del Rosario denuncia una “injerencia inaceptable” y “extralimitación de competencias” del Gobierno canario
El Ayuntamiento califica de «injerencia inaceptable» el informe desfavorable de la Consejería de Hacienda y amenaza con acudir a los tribunales si no se rectifica en un mes
María C.
30 de abril de 2026 a las 14:41
Conflicto institucional por las ayudas a la vivienda
El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha presentado un requerimiento formal a la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias para que revoque el informe desfavorable que impide la puesta en marcha de las ayudas para el pago de la fianza del alquiler para jóvenes hasta 35 años. El consistorio capitalino califica la decisión autonómica como una «injerencia inaceptable» y una «extralimitación de competencias» que vulnera la autonomía local y perjudica directamente a los jóvenes del municipio.
La tensión entre ambas administraciones ha escalado hasta el punto de que el Ayuntamiento ha manifestado que si en el plazo de un mes no se atiende el requerimiento y se revoca el informe desfavorable, interpondrá el correspondiente recurso contencioso-administrativo para defender sus competencias y los intereses de la ciudadanía de Puerto del Rosario.
El Ayuntamiento defiende su solvencia económica
El alcalde, David de Vera, ha defendido con firmeza la gestión municipal, destacando la «sólida salud financiera» del Ayuntamiento, que cuenta con deuda cero, un remanente de tesorería de casi 27 millones de euros y unas proyecciones trimestrales actuales que garantizan superávit presupuestario en el presente ejercicio.
«Es incomprensible que, con esta solvencia, se nos pretenda imponer medidas coercitivas basadas en una interpretación errónea y desproporcionada de nuestra situación financiera. No permitiremos que se menoscabe nuestra capacidad para gestionar los intereses de nuestros vecinos», ha declarado el alcalde, que dice «ponerse al frente de la institución con la firme convicción de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanos de este municipio».
Argumentos técnicos contra el informe autonómico
El requerimiento, impulsado por el primer teniente alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, trata de desarmar los argumentos de la Viceconsejería. Verdugo señala que el informe autonómico «ignora de manera inexcusable la normativa estatal y autonómica y en concreto el artículo 21 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que exige la elaboración de un nuevo Plan Económico-Financiero (PEF) cuando ya existe uno en vigor para el periodo 2025-2026».
El concejal subraya que el Presupuesto municipal para 2026, aprobado y en vigor, cumple escrupulosamente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, como certifica el Interventor municipal en su informe de cumplimiento de reglas fiscales acompañado al expediente de Presupuestos de 2026.
«El desequilibrio puntual de 2025 se debió al pago de una sentencia judicial de más de 6 millones de euros, un gasto extraordinario que no responde a un problema estructural por tanto. Imponer ahora una no disponibilidad de crédito contemplado en el presupuesto ordinario que no requiere de créditos extraordinarios es una medida desproporcionada y carente de fundamento legal que atenta contra nuestra autonomía y podría incluso constituir una discrecionalidad», afirma Verdugo.
Impacto social de la paralización
La concejala de Vivienda, Toñi Fernández, ha lamentado la paralización de una iniciativa social clave para el municipio. «Estas ayudas son esenciales para que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda y desarrollar su proyecto de vida en el municipio. Tenemos los recursos y la capacidad para implementarlas, y es frustrante e intolerable que una decisión administrativa injustificada frene una política social tan necesaria en contra de los jóvenes de nuestro municipio».
Las ayudas bloqueadas están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes menores de 35 años mediante el apoyo económico para el pago de las fianzas de alquiler, una medida considerada fundamental en un contexto de dificultades crecientes para la emancipación juvenil y el acceso a la vivienda en Canarias.
