Aspirantes piden anular la oposición a la Policía Canaria por presuntas irregularidades en el proceso
El Colectivo de Aspirantes Afectados por la oposición al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), convocada por Resolución del 9 de noviembre de 2023, ha solicitado la nulidad de pleno derecho del proceso selectivo al considerar que está “viciado desde su origen”. En un escrito presentado ante la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y ante la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, los aspirantes piden la repetición de las pruebas con un nuevo tribunal “imparcial”.
Redacción Radio Insular
20 de octubre de 2025 a las 16:51
Según denuncian, el proceso habría incurrido en una “vulneración flagrante del deber de abstención” por parte del presidente del tribunal, Ángel Nichel Acosta Hernández, quien —afirman— habría impartido clases y publicado material de preparación de oposiciones al cuerpo dentro de los cinco años anteriores a la convocatoria.
Las bases del proceso (Resolución de 9 de noviembre de 2023, Anexo I, Base 5.4) prohíben expresamente que formen parte del tribunal personas que hayan realizado labores de preparación de aspirantes durante ese periodo.
El colectivo sostiene que cuenta con “constancia fehaciente” de esa vinculación, alegando que Acosta Hernández habría estado relacionado —directamente o mediante su cónyuge— con una academia dedicada a la formación de opositores, además de haber editado un temario específico para el CGPC en 2020, lo que, según remarcan, vulnera las bases de la convocatoria y compromete la imparcialidad del proceso.
A esta presunta falta de imparcialidad se suma lo que califican de “caos procedimental”, derivado de la falta de motivación en la ruptura del anonimato y otras supuestas irregularidades. Los afectados denuncian que el tribunal desestimó de forma genérica las impugnaciones a una quincena de preguntas del examen tipo test, “sin motivación específica para cada caso”. También señalan inconsistencias en las fechas de las resoluciones, ya que las notificaciones de las alegaciones habrían sido fechadas antes de la firma oficial del documento.
Otra de las irregularidades señaladas es la duplicación de códigos de examen, con ejemplos de identificadores repetidos entre distintas aulas y con calificaciones diferentes. En algunos casos, denuncian, los códigos habrían sido modificados manualmente con sufijos, una práctica “no regulada” que, según los aspirantes, rompe el anonimato y la trazabilidad del proceso.
Además, en el acto público de apertura de sobres celebrado el 13 de octubre de 2025, se habría constatado la “posible desaparición de exámenes” y la existencia de códigos coincidentes, lo que, de confirmarse, comprometería la correspondencia entre cada examen y su autor.
Por todo ello, los opositores piden a la Consejería que declare la nulidad total de las actuaciones del tribunal y ordene la retroacción del proceso al momento inicial, designando un nuevo tribunal calificador que garantice la legalidad, transparencia e imparcialidad en la repetición de las pruebas.
