ASCAV rechaza el anuncio del Gobierno: “ni son ilegales ni pasarán al mercado residencial”

 

 

 

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha respondido al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar más de 53.000 pisos turísticos ilegales al alquiler residencial, asegurando que se trata de una afirmación “lejos de la realidad”. La organización insiste en que las viviendas a las que se refiere el Ejecutivo “no son ilegales por el hecho de no tener número de registro” y subraya que serán las comunidades autónomas las encargadas de revocar, en su caso, las licencias concedidas.

Según ASCAV, el único efecto inmediato será que estas propiedades no podrán anunciarse en plataformas digitales, pero no se garantiza que pasen al mercado de alquiler ordinario. “Hasta la fecha, ningún gobierno que ha prometido la prohibición de viviendas turísticas para engrosar la oferta residencial ha visto cumplida su promesa”, apunta la asociación.

La entidad recuerda además que el Real Decreto 1312/2024, en el que se basa la medida, fue recurrido por ASCAV y varias comunidades autónomas, y está pendiente de resolución judicial. En su opinión, mientras no se derogue la actual Ley de Vivienda y no exista seguridad jurídica para los arrendadores, muchos propietarios optarán por alquilar a corta estancia o directamente mantener las viviendas cerradas.

Como referencia, citan el Censo de Población y Viviendas de 2021, que cifró en 3,8 millones el número de viviendas vacías en España, el 14,4 % del parque total, y denuncian la paralización de la construcción de vivienda social y protegida en las últimas décadas.

 

La asociación critica que este tipo de medidas “responden más a intereses de hoteleros y fondos de inversión que a una política real de vivienda”, y pone como ejemplo el Plan Reside en Madrid, donde la prohibición de viviendas turísticas no se ha traducido en más alquileres asequibles, pero sí en un aumento de hoteles en manos de grandes inversores. También citan el caso de Nueva York, donde tras la prohibición del alquiler turístico “no se incrementó el parque residencial ni se redujeron los precios de la vivienda, pero sí subieron las tarifas hoteleras”.

ASCAV advierte de que, de aplicarse esta medida, muchos pequeños propietarios podrían acabar vendiendo sus viviendas “al mejor postor, principalmente extranjeros”, lo que impactaría en zonas turísticas y en la economía local. “Lo que el presidente pretende es que las familias españolas que han adquirido con el esfuerzo de su trabajo una segunda vivienda suplan ahora una función social responsabilidad del Gobierno, a costa de sus bolsillos”, critica la organización.

La asociación informó además de que la Federación de Asociaciones de Pequeños Propietarios de Viviendas Turísticas (FAPAVAT) se reunió ayer con el Ministerio de Vivienda para trasladar la situación de miles de propietarios afectados por la normativa. Según ASCAV, el Ministerio mostró interés en las preocupaciones planteadas.