La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV informa de que ha llevado a los Tribunales de Justicia a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5000 alegaciones que se presentaron en la consulta pública sobre la futura Ley que pretenden aprobar en relación con las viviendas vacacionales.
Ya ha sido admitida a trámite la demanda de ASCAV contra la Consejería de Turismo por inadmitir el acceso a la consulta pública, tramitándose actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El 7 de diciembre de 2023, ASCAV solicitó a la Consejería de Turismo copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, solicitando que se entregaran debidamente anonimizadas. Pues bien, la Consejería de Turismo negó el acceso a esas alegaciones, esgrimiendo un motivo que ni siquiera está previsto en la Ley de Transparencia, a saber, que “no se dispone de medios suficientes para realizar tareas de anonimización de las citadas aportaciones” (cuando lo cierto es que las alegaciones se presentaron por la ciudadanía a través de internet, distinguiéndose separadamente los campos de “nombre y apellido”, con lo que era muy sencillo filtrar tan solo el contenido de las alegaciones -que era lo que se solicitaba- obviando los datos personales, como no podía resultar de otra manera).
Frente a ello, la Consejería se ha limitado a realizar un “Informe definitivo de la necesidad normativa” que es una auténtica “Oda a la Restricción” o “Manifiesto Anti-Vivienda Vacacional” redactado por el propio Gobierno de Canarias a fin de tener el respaldo necesario que justifique su normativa anti-vivienda vacacional. En ese informe, la Consejería se ha limitado a clasificar las consultas en grupos, según los criterios estimados por la propia Consejería, pero sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas.
Pero lo que es más grave, el Gobierno de Canarias ha ocultado a la ciudadanía que más del 70% de las alegaciones que se presentaron por la ciudadanía en la consulta pública fueron en contra de la futura Ley.
La Ley de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública) establece como principio general que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico” (art. 35), estableciéndose además que tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.) (art. 37) sin que en ninguna de dichas causas conste “no disponer de medios”, como argumenta el Gobierno de Canarias.
Documentación:
