AM-CC denuncia trato discriminatorio del Estado hacia los saharauis en la regularización migratoria
El partido Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura critica la exclusión de los solicitantes del estatuto de apatridia, principalmente saharauis, en el proceso de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno español.
Redacción Radio Insular
15 de abril de 2026 a las 12:56
Exclusión de los saharauis en el proceso de regularización
Asamblea Majorera – Coalición Canaria Fuerteventura ha manifestado su descontento con el Gobierno del Estado español por lo que califican como un trato discriminatorio hacia el pueblo saharaui. El Consejo de Ministros aprobó un proceso de regularización de personas migrantes, dejando fuera a los solicitantes del estatuto de apatridia, un colectivo compuesto en un 96% por personas del Sáhara Occidental.
El partido se une a las denuncias de juristas y organizaciones sociales saharauis, así como al movimiento Regularización Ya, que ha confirmado esta exclusión tras el dictamen del Consejo de Estado. Señalan que existen alternativas viables para la inclusión de este colectivo.
Iniciativas y reclamos de AM-CC
Ante esta situación, AM-CC ha anunciado que impulsará una iniciativa en el Parlamento autonómico para instar al Gobierno de Canarias a interceder ante el Estado. El objetivo es incluir a los solicitantes del estatuto de apatridia en el proceso de regularización, en condiciones similares a las de los solicitantes de asilo, quienes sí han sido incluidos.
El partido subraya que, aunque apoyan la regularización, no comprenden el trato diferenciado hacia el colectivo saharaui. Argumentan que no hay un motivo jurídico aparente para impedirles regularizar su situación, lo que genera un agravio comparativo con los solicitantes de asilo.
Impacto y contexto de la exclusión
La exclusión de los solicitantes de apatridia significa que, mientras los solicitantes de asilo sin respuesta podrán obtener una autorización de residencia, aquellos que buscan el estatuto de apátrida en la misma situación jurídica quedan fuera. Además, recuerdan que a diferencia de los solicitantes de asilo, quienes pueden acceder al mercado laboral tras seis meses, los solicitantes de apatridia no tienen autorización para trabajar, complicando su integración.
AM-CC destaca que España tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui y no puede seguir ignorando sus necesidades por razones políticas. Afirman que no se trata solo de una cuestión administrativa, sino de justicia y dignidad para un pueblo que lleva décadas esperando respuestas. Concluyen que no se puede apelar a la justicia mientras se excluye a quienes están en una situación de igual vulnerabilidad.
