En una contundente demostración de solidaridad y lucha social, activistas del movimiento ciudadano Fuerteventura Tiene un Límite organizaron una acción en el festival Fuerteventura en Música 2024 para exigir un cambio en el modelo socioeconómico de la isla. El evento, celebrado el 6 de julio, se convirtió en un clamor popular contra la vulneración del derecho a la vivienda y las crecientes tasas de pobreza y desigualdad en Canarias.
Las pancartas y consignas, que incluyeron mensajes como «Ni gente sin casa, ni casas sin gente», reflejaron la preocupación por la situación crítica de muchas familias. Datos recientes señalan que el 36,2% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social (EAPN, 2023), y que el 70% de las ‘Kellys’ se ven obligadas a automedicarse debido a las duras condiciones laborales (CCOO, 2020).
El movimiento también destacó la necesidad de combatir los discursos de odio racistas y los bulos xenófobos, que agravan la situación de vulnerabilidad de muchas personas migrantes y racializadas, dificultando su acceso a derechos fundamentales como sanidad, vivienda y educación. Según el informe de Provivienda (2022), la discriminación racial en el ámbito de la vivienda es una de las más intensas y ha aumentado significativamente en los últimos años.
En cuanto a la problemática del acceso a la vivienda en Fuerteventura, el alquiler medio se sitúa en torno a los 900 euros, mientras que el archipiélago canario es la segunda comunidad con los salarios más bajos del país (INE, 2023). Además, el municipio de La Oliva se encuentra entre los cinco primeros de España con mayor porcentaje de vivienda vacacional (INE, 2021).
El movimiento también abogó por un modelo turístico más sostenible, con propuestas como la implementación de una ecotasa para proteger la isla y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, recordaron la orden del Ministerio de Transición Ecológica de demoler el hotel de las Dunas de Corralejo para preservar ese espacio natural protegido.
Durante el evento, se hizo hincapié en la necesidad de garantizar el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, el agua y la energía. «Nos encontramos con la falta de acceso a un bien tan fundamental como el agua, que en gran parte está en manos privadas», denunciaron los activistas.
