La interrupción abrupta del servicio de atención psicológica familiar que prestaba INFACAM en Puerto del Rosario ha desencadenado un conflicto que va más allá de una disputa administrativa. Las claves de esta controversia revelan las tensiones estructurales entre las demandas ciudadanas de continuidad asistencial y las obligaciones legales de contratación pública que enfrentan los ayuntamientos en la gestión de servicios sociales especializados.
«Nos han dejado tirados directamente»
En la plaza de Las 90 de Puerto del Rosario, Sonia del Rosario se convirtió ayer en la voz de decenas de familias que durante los últimos cinco años han dependido del servicio de atención psicológica que prestaba la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia (INFACAM). «Resulta que nos encontramos que de un golpe y borrazo nos hacen pum, se acabó el servicio», relató durante la entrevista en Radio Insular Fuerteventura, mientras otras familias recogían firmas para exigir una solución inmediata.
La indignación de las familias no solo responde al cese del servicio, sino a la forma en que se produjo. «No nos han dado ni una explicación, no nos han dado un tiempo de adaptación para hablar con los niños de los cambios que pueden haber», denunció del Rosario, quien añadió que «en ningún momento el Ayuntamiento se ha puesto en contacto para nada».
El drama humano se intensifica cuando se consideran los casos individuales: «Tenemos a los niños que tenían citas esta semana, tenían citas la semana que viene, jóvenes que tenían citas de la semana anterior, justo cuando cerraron, que tenían incluso los exámenes, y iban a ir a buscar apoyo de la pedagoga, de la psicóloga».
Un servicio que había alcanzado reconocimiento social
Durante cinco años, INFACAM se había consolidado como un recurso fundamental para la atención psicológica especializada en Puerto del Rosario. Con una inversión de 331.250,20 euros en su último año, el programa atendía tanto casos de intervención familiar como de mediación y apoyo psicosocial.
El servicio había ganado la confianza no solo de las familias usuarias, sino también de profesionales de otros sectores. Como destaca el documento de alegaciones presentado por las familias, INFACAM «ha facilitado el acceso al servicio no solo a través de los Servicios Sociales municipales, sino también mediante recomendaciones de orientadores escolares y médicos de atención primaria, agilizando la atención y evitando demoras en la derivación».
En el curso 2021-2022, el Centro de Día había atendido a 38 menores, mientras que el programa INFACAM proporcionaba apoyo psicológico a un número significativamente mayor de familias a través de sus servicios de intervención psicoterapéutica, psicoeducativa y psicosocial.
La posición del ayuntamiento: cumplimiento del marco legal
El alcalde David de Vera, quien también ostenta la concejalía de Servicios Sociales, explicó ayer en Radio Insular que la actuación municipal se ha ceñido estrictamente a la legalidad vigente. «Infacam tenía una relación contractual con este ayuntamiento a través de un convenio, un convenio de más de 381.000 euros», detalló, precisando que «en ese convenio ya no cabía más prórroga, así fue informado por el Departamento Jurídico y, por lo tanto, lo sacamos a licitación».
El proceso se desarrolló con total transparencia: la licitación se inició en noviembre del año pasado y «la propia Infacam, la Fundación Infacam, estaba informada desde noviembre, de hecho, ellos se presentaron al procedimiento». Durante todo este tiempo, el ayuntamiento garantizó la continuidad del servicio a través de contratos menores hasta la adjudicación definitiva.
De Vera identificó el núcleo del problema: «una falta de comunicación entre la propia Infacam y sus trabajadores», sugiriendo que la fundación no preparó adecuadamente a las familias para la posible transición. «Nunca han sido trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Rosario, prestan un servicio al Ayuntamiento», recordó, trasladando la responsabilidad de comunicación a la entidad prestadora del servicio.
Sobre la continuidad del servicio, De Vera fue categórico: «El servicio se va a mantener, el servicio para este grupo de Gobierno y el ayuntamiento lo consideramos prioritario», indicando que la adjudicación definitiva sería cuestión de días.
El marco legal que obliga a licitar
La Ley de Contratos del Sector Público establece límites claros para la contratación directa. Los contratos de servicios superiores a 15.000 euros deben someterse obligatoriamente a licitación pública, un proceso que garantiza transparencia, igualdad y libre competencia. Los convenios con fundaciones solo pueden utilizarse para actividades de colaboración genuina, no para prestación de servicios comercializables.
«Desde que se envía contratación hasta que se adjudica de forma definitiva, tenemos que garantizar el servicio y el servicio se ha garantizado a través de contratos menores», explicó De Vera, añadiendo que «en el procedimiento no existe ninguna diligencia ni reparo ni por el interventor ni por el secretario».
Las demandas específicas de las familias
El documento formal presentado por las familias al ayuntamiento contiene cuatro solicitudes concretas que van más allá del simple restablecimiento del servicio. En primer lugar, piden «que, mientras no se resuelva la nueva adjudicación de la licitación, se garantice la continuidad del servicio con el mismo equipo de especialistas que ha venido trabajando con las familias».
La segunda demanda se centra en la continuidad terapéutica: «Pedimos que, independientemente de la entidad que resulte adjudicataria, se contemple la posibilidad de que los mismos profesionales continúen el trabajo con las familias que ya han iniciado un proceso, al menos durante el período de transición».
Las familias argumentan que «la relación de confianza y el avance logrado con los especialistas de INFACAM requiere tiempo y estabilidad. Cambiar de equipo o iniciar el proceso con un nuevo centro supondría un retroceso significativo en el desarrollo emocional y social de los menores».
También solicitan que se mantenga la accesibilidad del servicio, no limitándolo solo a derivaciones de Servicios Sociales, y proponen «que este tipo de servicio no debe limitarse únicamente a Puerto del Rosario, sino que sería deseable que otros ayuntamientos de la isla se sumen a la iniciativa».
Un contexto de demanda creciente
La interrupción del servicio se produce en un momento de especial vulnerabilidad para las familias usuarias. Como destaca el documento de alegaciones, «los servicios públicos de salud mental infanto-juvenil y los trabajadores sociales ya presentan una alta demanda, lo que dificulta la atención oportuna a nuevas familias y agrava la situación de quienes ya estaban en proceso de intervención».
Puerto del Rosario, con una población de 45.103 habitantes que crece rápidamente, ha experimentado un aumento significativo en la demanda de servicios sociales. El presupuesto municipal para 2025 alcanza los 56,6 millones de euros, con un 12,46% destinado a protección y promoción social.
Modelos diversos en Canarias
La gestión de servicios psicológicos familiares varía entre los municipios canarios. En Las Palmas de Gran Canaria, los Equipos Municipales Especializados funcionan con personal propio, mientras que municipios como Gáldar, Guía o Teror mantienen convenios con fundaciones especializadas.
El Gobierno de Canarias destina anualmente más de 267.000 euros a programas de mediación familiar e intervención psicosocial con menores, demostrando la importancia institucional de estos servicios.
La responsabilidad de comunicación: el papel de INFACAM
Un aspecto crucial del conflicto se centra en la gestión de la comunicación hacia las familias usuarias. Según la versión del ayuntamiento, la Fundación INFACAM conocía desde noviembre de 2024 que el convenio expiraba y que se había iniciado un proceso de licitación pública en el que ellos mismos participaban como licitadores.
Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la responsabilidad de la fundación para preparar a las familias ante una posible transición. Como entidad prestadora del servicio durante cinco años, INFACAM habría tenido la oportunidad de implementar un protocolo de comunicación que explicase a los usuarios la naturaleza temporal del convenio y la posibilidad de cambios en la prestación del servicio.
El fallo en esta comunicación ha generado la sensación de abandono que expresan las familias, quienes manifiestan haber sido «sorprendidas» por el cese del servicio. Esta situación subraya la importancia de establecer protocolos claros de comunicación en servicios sociales externalizados, especialmente cuando se trabaja con poblaciones vulnerables que requieren previsibilidad y estabilidad.
Un conflicto que refleja tensiones estructurales
El caso de Puerto del Rosario no es aislado en el archipiélago. En 2024, más de 30 asociaciones profesionales se movilizaron contra cambios en el modelo de Servicio de Ayuda a Domicilio, mientras que la implementación de la Ley de Atención Temprana ha generado protestas continuadas con más de 9.000 niños en listas de espera.
Estos conflictos revelan una tensión estructural entre las medidas de contención del gasto, las obligaciones legales de contratación pública y las expectativas ciudadanas de continuidad en servicios sociales especializados.
El futuro de los profesionales: ¿continuidad o ruptura?
Una de las incógnitas más relevantes del proceso es qué ocurrirá con los psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas que han desarrollado vínculos terapéuticos con las familias durante estos cinco años. Aunque la legislación laboral no obliga a la nueva empresa adjudicataria a mantener la plantilla anterior, las familias han solicitado expresamente en su documento de alegaciones «que los mismos profesionales continúen el trabajo con las familias que ya han iniciado un proceso, al menos durante el período de transición».
Esta petición cobra especial relevancia desde el punto de vista clínico, ya que los procesos psicoterapéuticos requieren estabilidad y confianza en la relación profesional-usuario. La interrupción abrupta de estos vínculos puede suponer, según argumentan las familias, «un retroceso significativo en el desarrollo emocional y social de los menores».
Sin embargo, la decisión final dependerá de varios factores: la política de recursos humanos de la nueva empresa adjudicataria, la voluntad de los profesionales de continuar en el servicio bajo una nueva entidad empleadora, y las condiciones laborales que se ofrezcan. En procesos similares en otros municipios canarios, la experiencia ha sido mixta: algunas empresas han optado por mantener parte del equipo especializado, mientras que otras han preferido incorporar su propio personal.
El futuro inmediato: adjudicación en días
Según confirmó el alcalde De Vera, «estaríamos hablando de días para esa adjudicación», después de que la mesa de contratación haya evaluado las propuestas económicas y técnicas. La nueva empresa adjudicataria deberá demostrar si es posible mantener la calidad y continuidad que demandan las familias afectadas.
Mientras tanto, las familias continúan su movilización ciudadana, conscientes de que su presión puede influir en las condiciones de prestación del nuevo servicio. Como concluyó Sonia del Rosario en la radio: «Necesitamos que nuestros niños no nos los dejen tirados, y a las familias no los dejen tiradas, porque el servicio hace falta».
El conflicto de Puerto del Rosario ejemplifica los dilemas de la gestión pública moderna: cómo equilibrar el cumplimiento normativo con la continuidad asistencial, especialmente cuando se trata de servicios dirigidos a poblaciones vulnerables que requieren estabilidad y confianza en sus relaciones terapéuticas.
Las voces críticas y el debate político
La oposición política ha aprovechado el conflicto para cuestionar la gestión municipal, aunque sus críticas revelan cierta inconsistencia en el discurso. Fuerteventura Avanza, por un lado, denuncia la interrupción del servicio y la falta de un plan de transición, pero por otro lado ha criticado sistemáticamente el uso de contratos menores que el ayuntamiento ha empleado precisamente para garantizar la continuidad del servicio durante el proceso de licitación. Esta aparente contradicción sugiere que la formación política busca capitalizar políticamente la situación más que ofrecer soluciones constructivas.
Su portavoz Peña Armas cuestionó: «¿Cómo es posible interrumpir un servicio tan sensible sin haber puesto en marcha el siguiente?», pero la misma formación ha venido criticando el recurso a contratos menores que, según la legislación vigente, es el mecanismo legal que permite mantener servicios esenciales durante los procesos de transición entre convenios y adjudicaciones definitivas. Esta dualidad en el discurso político evidencia cómo los conflictos en servicios sociales pueden convertirse en armas arrojadizas entre grupos políticos, perdiendo de vista el objetivo fundamental: garantizar la continuidad asistencial a las familias que más lo necesitan.
