Este martes, se da un paso más para acabar con una discriminación que alcanza a alrededor de 400.000 mujeres trabajadoras, 10.000 de ellas en Canarias.
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto en su gran mayoría por mujeres y excluido del paro hasta la fecha, lo que la justicia europea tachó de discriminatorio en una histórica sentencia el pasado febrero. La norma no solo reconoce el derecho al paro, sino que también equipara más derechos para estas empleadas y elimina otra de las mayores desventajas para el colectivo: el despido sin causa.
Casi 10.000 trabajadores, en su gran mayoría mujeres, cotizan a la Seguridad Social en Canarias a través del Sistema Especial para Empleados del Hogar, lo que supone el 2,65 % de los afiliados a ese apartado en toda España.
Más de la mitad de los afiliados en España en el Sistema Especial para Empleados de Hogar trabajan en solo tres comunidades: el 26,94 % en Madrid, el 15,24 % en Cataluña y el 10,97 % en Andalucía.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones correspondientes al pasado mes de agosto, en este sistema especial hay inscritas 373.121 personas, a las que el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros reconoce el derecho a la prestación por desempleo, como al resto de trabajadores.
En Madrid están registradas actualmente como empleadas y empleados del hogar 100.526 personas, en Cataluña 56.877 y en Andalucía 40.941, por delante de la Comunidad Valenciana, con 29.568, el 7,92 % del total; País Vasco, con 27.884, el 7,47 %; y Galicia, con 24.203, el 6,49 %.
En el conjunto del país, el número de personas afiliadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar equivale al 1,99 % del número de hogares, una ratio que es más alta también en Madrid (3,80 %), seguida de País Vasco (3,06 %), Navarra (2,57 %), Galicia (2,22 %) y Baleares (2,01 %); y más baja en Extremadura (0,98 %) y Canarias (1,15 %).
En todo caso, estas cifras solo reflejan la parte visible de esta actividad en España, ya que esas 373.121 personas son el 68,37 % de las 545.700 que en la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE afirman estar ocupadas en el trabajo doméstico, lo que supone que casi una de cada tres no está dada de alta.
El informe «Esenciales y sin derechos» publicado en 2021 por Intermón Oxfan elevaba entonces al 36 % el número de mujeres trabajadoras del hogar cuyos empleadores no estaban abonando las correspondientes cotizaciones, lo que convertía a este colectivo en «uno de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral de nuestro país».
