El acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas para los canarios, y su impacto se ha dejado sentir directamente en el bienestar social de la población. El aumento de los alquileres, la afluencia de segundas viviendas y la falta de viviendas asequibles crean un cóctel explosivo y que está afectando más que nada a los jóvenes y a las familias de ingresos medios y bajos de las islas.
El precio del alquiler en Canarias se ha incrementado en un 18,33% en el primer trimestre de 2024, hasta un promedio de 12,78 euros por metro cuadrado, colocando a Canarias en la cuarta comunidad autónoma con el precio de alquiler más caro de España, según los datos. Las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han registrado aumentos del 18,72% y el 18,18%, respectivamente. Este ciclo de precios está retrasando la independencia económica de la generación más joven y subraya la necesidad desesperada de más viviendas sociales y asequibles en la isla.
Un problema que es especialmente grave en algunos municipios, como en La Oliva donde el 40% de las viviendas se destina a alquiler vacacional. De las 11.254 viviendas censadas, 4.006 son alquiladas para ese fin, una cifra que podría elevarse si se sumara también la vivienda no censada. Es la línea del crecimiento, especialmente en núcleos como Villaverde, Lajares o Tindaya, donde se están otorgando de nuevo nuevas licencias para la construcción de viviendas turísticas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha admitido que el alquiler vacacional es «uno más» del problema de la vivienda en el archipiélago. Con más de 50.000 plazas turísticas en funcionamiento bajo esta modalidad, Rodríguez señala que se endurecerá su regulación, ante la constatación de que éste ha sido uno de los elementos que más ha ayudado a la crisis habitacional, según ha documentado el Ejecutivo canario.
Además, Rodríguez ha señalado que solo en Canarias hay más de 211.000 viviendas desocupadas, es decir, el 19,41 por ciento del total. La inseguridad de los propietarios en cuanto al arrendamiento de sus viviendas y el otorgamiento de una renta fija, junto con la salida de los inquilinos una vez que se finaliza el arrendamiento, es una de las razones para el problema. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno de Canarias se plantea volver a poner en marcha la Bolsa de Vivienda Vacía de Canarias, una experiencia que funcionó bastante bien hace algo más de 15 años, y adaptarla a los tiempos que corren de manera que se puedan garantizar rentas dignas y alquileres.
En un país donde el derecho a una vivienda adecuada es constitucionalmente protegido en el Artículo 47 de la Constitución Española como «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general a fin de impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.», la situación en Canarias plantea los desafíos de la efectividad de este derecho.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha llegado a proponer que la Unión Europea le dé capacidad para poner límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros en el archipiélago. La propuesta, que ya ha encargado a los servicios jurídicos del Ejecutivo, tendría la doble virtud de frenar la presión sobre el mercado inmobiliario canario y garantizar que su población pueda beneficiarse de ese mercado. Clavijo ha insistido en la necesidad de armonizar el crecimiento económico con la calidad de vida de los canarios sin renunciar a la competitividad turística de las islas.
Masificación turística
La gran oferta de camas en Canarias, especialmente en el ámbito de las viviendas vacacionales, ha agravado la ya latente masificación turística que sufre el archipiélago. La competencia feroz entre las viviendas vacacionales, impulsada por la necesidad de atraer turistas mediante precios cada vez más bajos, ha generado una saturación del mercado que no solo presiona aún más los precios de las viviendas para los residentes, sino que también contribuye a la congestión de infraestructuras y servicios, deteriorando la calidad de vida de los canarios y el atractivo sostenible de las islas.
El conjunto del archipiélago ofrece 545.344 camas en establecimientos turísticos, 195.994 de las cuales son de alojamiento en casas de vacaciones, y precisamente la cantidad de camas necesarias para el sector turístico es lo que destaca la ardua tarea con la que el gobierno regional tiene que enfrentarse en términos de combinar el desarrollo turístico con la demanda de vivienda de los residentes.
Las estafas han añadido un drama adicional al problema de la vivienda en Canarias. Estas estafas han alcanzado cifras mucho mayores que las registradas en la era post-Covid según información suministrada por la Policía Nacional. La digitalización del sector ha sentado las bases para que el número de anuncios falsos en los sitios web de alquiler sea cada vez más alto, y los inquilinos, desesperados por encontrar una solución temporal a su problema de vivienda, se han convertido en víctimas.
La abogada de AF Legis, Arantxa Goenaga, explica que entre las tácticas recurrentes adoptadas por los delincuentes están los casos en que se hacen pasar por propietarios de propiedades que en realidad no existen y solicitan dinero por adelantado al cliente antes de que éste pueda comprobar una propiedad. Para evitar ser presa de los mencionados casos, es prudente no realizar ningún tipo de pago hasta que uno pueda garantizar que una propiedad realmente existe, incluida la autenticidad de la otra parte.
La vivienda se ha convertido en el punto débil del bienestar social en Canarias. La mala regulación, el peso del turismo y la especulación inmobiliaria están socavando la capacidad de acceder a un derecho fundamental, y el sueño de una vivienda digna se desvanece cada vez más para muchos canarios.
Sevilla Actúa para Liberar Viviendas
Al mismo tiempo, Sevilla está empujando algunas medidas innovadoras para sacar más casas al mercado. Un Ayuntamiento aprobó un paquete de diez medidas para atacar el problema de los apartamentos turísticos ilegales. Entre las más notables se encuentra el corte de suministros de agua a las casas que no estén autorizadas a trabajar con una licencia, con la esperanza de desalentar a las personas de usarlas de manera irregular. De la misma manera, se ha hecho una solicitud de cancelación de 715 licencias que no cumplen con los estándares actuales, todo como parte del esfuerzo por llevar viviendas que de otro modo serían de alquiler de temporada de regreso al mercado residencial. Estas son solo algunas de las medidas que se incluyen en un plan general diseñado para aumentar la accesibilidad a la vivienda y, por lo tanto, para proteger la calidad de vida en la ciudad, donde se dice que el mercado de la vivienda también está experimentando presión.
