Un testigo ha señalado este miércoles a los acusados José Manuel J.V. y Fernando R.R. como los principales responsables de la supuesta trama en la venta de solares del Casco Viejo de Corralejo, en Fuerteventura, y en la que dice haber perdido 1,1 millones de euros al comprar en 2003 unos terrenos cuya propiedad ha revertido a sus legítimos dueños.
En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia de Las Palmas contra los once acusados de la trama, Gustavo Antonio Albarracín ha explicado al tribunal que la empresa Bloques Canarios SL, de la que era uno de los tres administradores mancomunados, se dedicaba a la promoción inmobiliaria y compró a la entidad Sincronía 99, del acusado José Manuel J.V., un solar y unas casas viejas por un importe total de 1,1 millones de euros que perdieron.
“Es lógico que el pueblo reivindicara” la propiedad de esos terrenos que fueron adquiridos por J.V., ha afirmado Albarracín, quien llegó a participar en una de las manifestaciones de Corralejo en las que se gritaba “Manuel, capullo, no se vende lo que no es tuyo”, y quien ha afirmado que su empresa actuó de buena fe en la compraventa de esos terrenos, como se recoge en una sentencia de la Audiencia de Las Palmas.
El testigo ha señalado a José Manuel J.V. y a Fernando R.R. como los dos principales acusados de la trama, que son los que se enfrentan a una mayor condena y para quienes la Fiscalía solicita seis años de prisión, ya que para el resto de los imputados pide cuatro años de cárcel, además de que abonen las costas de los procedimientos que tuvieron que iniciar 21 vecinos para mantener sus viviendas, así como la nulidad de los contratos de compraventa fraudulentos.
Ambos acusados, según este testigo, promovían las ventas del Casco Viejo en una oficina de Corralejo, si bien R.R. en su declaración, efectuada también este miércoles, ha manifestado que él nunca estuvo en esa oficina y que debió de confundirlo con otro de los abogados de J.V., que era propietario de una inmobiliaria en la zona.
Uno de los 16 copropietarios de la vivienda conocida como la Casa de los Cazadores, el testigo Manuel León Espino, ha indicado al tribunal que reside en ese inmueble desde 2006, que heredó su parte de su padre, Manuel León Segura, y que comenzó a reclamar la propiedad en 2003 al enterarse que la empresa Delval Internacional había vendido a Bloques Canarios el inmueble.
Se dio cuenta al ver en su casa un cartel de “Se vende” que quitó, según ha indicado este afectado, quien en 2013 logró en una sentencia firme de la Audiencia de Las Palmas que se reconociera la propiedad a los 16 copropietarios, después de años de muchos procedimientos que les han costado 18.000 euros y que reclaman.
Este testigo ha señalado que mantiene un procedimiento penal contra uno de los socios de Bloques Canarios, el expresidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Luis Hernández, ya que pese a conocer que la propiedad no era ya de la empresa la intentó volver a vender.
A petición de la defensa del imputado José A.V., ha declarado como testigo el administrador único de la empresa Plalafusa SA, Alberto Lahoud Hernández, propietaria desde 1959 de los 10.000 metros cuadrados del suelo del Casco Viejo de Corralejo que fue adquirido por R.V. en 2001.
Según ha manifestado, Plalafusa poseía desde 1959 un total de 27 millones de metros cuadrados en Corralejo y vendió suelo a cientos de propietarios de viviendas que no tenían su titularidad.
Antes de la venta a R.V. de los 10.000 metros cuadrados que quedaban aún, ha señalado que se convocó una reunión con el entonces alcalde, Domingo González Arroyo, en la que se les proponía a los vecinos que compraran el suelo, pero rechazaron la oferta.
Lahoud Hernández ha indicado también que fue su padre el que vendió los terrenos a R.V., después de que se interesara por ellos.
En esta sesión también ha declarado el imputado Fernando R.R., quien ha negado haber participado en las 17 operaciones de compraventa fraudulenta que le atribuyen la Fiscalía y la acusación particular.
R.R. ha explicado de forma detallada las tres operaciones en las que participó y ha asegurado que todas ellas estaban revestidas de legalidad y que, de hecho, aún es propietario de una terraza sobre la que no existe ningún perjudicado y que, sin embargo, lleva soportando durante 14 años y medio que le llamen “ladrón y estafador”.
“Han sido años muy duros para mi familia y también mi profesión” debido a la presión de la prensa en relación a este caso sobre el que se ha escrito hasta un libro, ha señalado Rodríguez, quien ha reprochado el hecho de que nunca le hayan preguntado sobre lo ocurrido.
Ha explicado que fue durante años abogado de dos de las empresas del principal imputado, José Manuel J.V., Delval Internacional SA y Sincronía 99 SL, que las dejó en los años 2009 y 2010 porque “no podía con la presión” y que también lo fue de los acusados Patrick Nagel y José Luis Jarne Elizalde.
Según el letrado, en esos años se presentaron 50 procedimientos en primera instancia, 39 apelaciones y 19 intentos de recursos de casación, pero él no era el único abogado de las sociedades de J.V., había otros cuatro, y de todos esos pleitos calcula que se hizo cargo de quince.
Ha situado el primero de los procedimiento en 2003 y ha dicho que se repitió muchas veces y con tres objetivos: que el notario levantara acta del estado de la finca, que se interrumpiera la posesión y que el ocupante aportara el título de propiedad.
Nadie contestó a los requerimientos, ha indicado, pues las demandas se presentaron con posterioridad, si bien ha afirmado que las sociedades a las que representaba solo discutían la propiedad de los solares y de los edificios donde existían negocios pero nunca de las viviendas habitadas.
Ha indicado también que por silencio administrativo se lograron más de 60 licencias de segregación, que fueron denegadas por el registrador de la propiedad por “presiones políticas”, según asegura que le reconoció, si bien posteriormente fueron admitidas por la Dirección General del Registro.
El juicio continuará este jueves con la declaración de los otros siete acusados, ya que en la primera sesión celebrada ayer, martes, dos de los imputados, los empresarios Cristina Martínez de Lucas y Ezequiel Huerto, reconocieron los hechos que les imputa la Fiscalía. EFE
