La patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas ha lanzado una dura acusación contra las administraciones públicas de Canarias, a las que responsabiliza de hundir los precios de la obra pública y de favorecer de forma sistemática a la empresa pública Tragsa, en detrimento de las empresas privadas del sector.
En un comunicado difundido este viernes, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) advierte de que esta política de precios a la baja está provocando que cada vez más licitaciones queden desiertas, abriendo la puerta a encargos directos a Tragsa que, según denuncia, acaban encareciendo las obras y debilitando el tejido empresarial local.
Según los datos aportados por la patronal, entre 2021 y octubre de 2026 se han quedado desiertas en Canarias 854 licitaciones de obra pública, con un presupuesto global que asciende a 490 millones de euros. Una situación que, a juicio del sector, no es casual ni coyuntural.
La AECP vuelve a cargar contra Tragsa, una sociedad pública a la que acusa desde hace años de ejercer competencia desleal. En esta ocasión, denuncia que en los últimos seis años Tragsa ha recibido en Canarias 943 contratos de obra pública, por un importe superior a 1.000 millones de euros, a través de procedimientos que, según la patronal, “pasan de puntillas por la legalidad y eluden la Ley de Contratos del Sector Público”, llegando en algunos casos a duplicar los costes finales de las obras.
En el comunicado, la organización empresarial es especialmente contundente al señalar que “este dudoso y sospechoso comportamiento de las administraciones públicas genera una competencia desleal respecto de las empresas que operan en el mercado, debilitando su posición, haciéndolas menos competitivas e impidiéndoles su crecimiento y especialización”.
La patronal pone el foco de manera específica en el ejercicio 2024, año en el que, según sus cifras, las administraciones públicas más que triplicaron los encargos directos a Tragsa en términos presupuestarios, alcanzando los 387 millones de euros, lo que supone un incremento del 237 %, mientras que el número de obras se duplicó, hasta las 224 actuaciones, un 91,5 % más que el año anterior.
Desde el sector se advierte de que esta dinámica tiene consecuencias que van más allá del ámbito empresarial. La AECP alerta de que el aumento de licitaciones desiertas o con un único licitador supone también una amenaza directa para la correcta ejecución de los fondos europeos, así como para la puesta en marcha de infraestructuras y equipamientos públicos necesarios en el Archipiélago.
En su análisis, la patronal identifica como causa principal de esta situación el “efecto dumping” generado, a su juicio, por las propias administraciones. “Se licitan obras con precios por debajo de mercado que luego se encargan a Tragsa duplicando su coste”, denuncia la asociación, añadiendo que, además, se ignoran convenios colectivos, se minimiza la prevención de riesgos laborales, se elude la correcta gestión de residuos y se pasan por alto las subidas de precios de los materiales, rechazando de forma generalizada la revisión de precios.
La AECP insiste en que este modelo no solo pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas del sector en Canarias, sino que distorsiona el mercado, reduce la competencia real y acaba perjudicando al interés público, al generar sobrecostes y retrasos en la ejecución de las obras.
