La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, ha solicitado al Cabildo de Fuerteventura que el nuevo Plan Territorial Especial (PTE) incluya el cierre paulatino de la central eléctrica de El Charco, en Puerto del Rosario. Esta demanda, que busca responder a un reclamo histórico de los vecinos de la zona, pretende asegurar un futuro energético más sostenible y menos contaminante para la isla, alineado con los objetivos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Durante la consulta pública del PTE, el Gobierno regional ha pedido que se incorpore la propuesta de cierre como un eje estructurante del documento, sugiriendo nuevas ubicaciones para la generación de energía que permitan avanzar hacia un modelo más eficiente. En este sentido, se han planteado alternativas como la zona de Zurita y la opción de Los Llanos Pelados, una parcela municipal sin residentes propuesta por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que garantizaría la continuidad del suministro sin afectar a los vecinos.
Según el consejero Zapata, “el objetivo es conseguir una planificación que sea útil para el futuro energético de Fuerteventura, que garantice la seguridad del suministro evitando apagones y que ofrezca alternativas viables para infraestructuras de producción, transformación y distribución energética”. El enfoque se centra en desarrollar centrales más pequeñas, eficientes y menos contaminantes que la actual de El Charco.
Para garantizar el cumplimiento de estas metas, el Gobierno de Canarias ha propuesto la creación de una comisión de seguimiento entre el Cabildo y la Consejería de Transición Ecológica, con el fin de asegurar la coordinación y el consenso entre ambas administraciones en el desarrollo del plan. “Este seguimiento garantizará que todos los pasos estén alineados con el resto de instrumentos de planificación y favorecerán el avance hacia un modelo más sostenible de manera ordenada y consensuada”, añadió Zapata.
El consejero también destacó la necesidad de que el PTE actualice su contexto normativo en línea con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y los instrumentos que la acompañan, como el Plan Integrado de Energía y Clima de Canarias (PIECan) y las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR). Estas zonas prioritarias, determinadas por el Gobierno de Canarias junto con los cabildos insulares, serán clave para impulsar la instalación de energías renovables en la isla.
Por otra parte, el consejero señaló la importancia de incluir más espacios de los necesarios en términos de potencia renovable para evitar posibles efectos especulativos sobre el suelo autorizado para la producción de energía. “El objetivo es evitar que se creen situaciones donde la oferta de suelo para energía renovable esté por debajo de la demanda, evitando así que se encarezca artificialmente”, aclaró Zapata.
En paralelo a la planificación del Cabildo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) convocó en junio pasado un concurso para renovar el parque de generación eléctrica convencional en Canarias, lo que representa un avance esperado durante más de una década. “Este concurso plantea un total de 971 MW de potencia para el Archipiélago hasta 2028 y esperamos que sea el inicio del cambio necesario en El Charco”, destacó Zapata.
Además, el Gobierno regional está llevando a cabo un concurso de emergencia para reforzar el sistema energético en islas con déficit de generación, como es el caso de Fuerteventura. “Nuestro objetivo es fortalecer el sistema energético y evitar riesgos reales de apagones”, señaló el consejero, enfatizando la necesidad de avanzar hacia un modelo sostenible que incorpore energías renovables.
Zapata concluyó asegurando que “Canarias debe reforzar su sistema energético de la mano de la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente y cumpliendo con los objetivos de penetración de renovables establecidos por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia Canaria de Acción Climática”. Finalmente, el consejero reiteró el compromiso de trabajar conjuntamente con las administraciones para alcanzar un modelo energético más sostenible y eficaz para el bienestar de los majoreros.
