El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que el próximo martes se reunirá con los trabajadores del Riu Oliva Beach de Corralejo (Fuerteventura), el hotel que podría verse abocado a cerrar al menos una parte de sus instalaciones por, a juicio de un expediente del Ministerio de Transición Ecológica, no cumplir la ley.
En declaraciones a los medios previas a la celebración del Congreso Insular del PSOE de Lanzarote, Torres ha asegurado que los trabajadores “tienen todo el apoyo del Gobierno” y ha dicho haber recibido la carta firmada por todos los diputados del Parlamento de Canarias por Fuerteventura en la que se pide al Gobierno que se persone ante el Ministerio para paralizar el expediente.
“Es un expediente muy complejo. Sobre lo que piden los diputados, ya en octubre, cuando negociábamos la transferencia de las competencias de costas, le trasladamos al Ministerio nuestra petición para paralizarlo”, ha aseverado Torres, que se ha mostrado dispuesto también a reunirse con los propios parlamentarios y con cualquier parte implicada.
Este viernes, preguntado por esa misma cuestión, ya el presidente manifestó que “nadie puede tener esperanzas de que no se aplique la ley”, una vez que se transfieran las competencias de costas a la comunidad autónoma.
“La ley hay que acatarla y se deben hacer las cosas dentro de la legalidad”, expuso Torres el pasado viernes, en unas declaraciones en línea a las pronunciadas por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien estuvo en Gran Canaria el pasado jueves y aseguró que la transferencia de la gestión de costas a Canarias “no va a cambiar la ley”, que seguirá afectando, por tanto, a una parte del Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo, al norte de Fuerteventura.
Preguntada por la situación de este hotel, la vicepresidenta tercera del Gobierno recordó que se trata de “un expediente largo en el que ha habido pronunciamientos de distintas instancias públicas y que pone de manifiesto que hay una parte de las instalaciones que es compatible con la Ley de Costas y otra que tiene problemas serios de legalidad, algo que saben sus propietarios”. EFE