La comparecencia de Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias y actual ministro, ante la comisión de investigación del Parlamento sobre la compra de material sanitario durante la pandemia ha reavivado el enfrentamiento político entre PSOE y PP.
Torres admitió que “podrán salir conversaciones de cualquier tipo” relacionadas con la trama investigada —que implica a figuras como Koldo, Ábalos o Aldama— pero negó tajantemente haber cometido ilegalidades: “No encontrarán ni un solo mensaje de una ilegalidad por parte del señor Torres”, afirmó ante el diputado popular Fernando Enseñat.
El ministro evitó, sin embargo, “poner la mano en el fuego” por Antonio Olivera, su colaborador más cercano durante su etapa en la presidencia regional y posteriormente en el Ministerio de Política Territorial, quien dimitió en abril pasado. Enseñat lamentó que Torres pasara por la comisión “sin aclarar nada, sin pedir perdón y sin asumir ninguna responsabilidad política”, a pesar de que, según el PP, más de 20 millones de euros de los contratos de emergencia durante la pandemia están bajo sospecha.
El diputado popular acusó al exmandatario de bloquear la comisión de investigación en 2022 y de ocultar informes que advertían de irregularidades, recordando que Torres volvió a negar cualquier relación con Aldama y que “se ha puesto la venda antes de la herida” al advertir que cada cual responderá de sus actos si no están dentro de la ley.
Por su parte, el PSOE valoró positivamente la intervención de Torres, destacando que desmontó las acusaciones sin que la comisión encontrara “ni una sola prueba sobre pisos, mujeres explotadas sexualmente o mordidas”, como subrayó el propio Torres. Para los socialistas, la gestión del exgobernante durante la crisis sanitaria salvó miles de vidas y convirtió a Canarias en la comunidad con menor tasa de fallecimientos por cada 100.000 habitantes.
La diputada Nira Fierro y otros portavoces del PSOE pidieron disculpas públicas a quienes —afirman— han alimentado rumores y falsedades con el único fin de dañar personalmente al exmandatario. “Las canarias y los canarios merecen una política basada en la verdad y no en la difamación”, sostuvieron desde el grupo socialista, que reiteró que de los más de 1.400 contratos suscritos por el Servicio Canario de Salud durante la pandemia, solo uno resultó fallido y está reclamado judicialmente.
Mientras, el PP mantiene la presión sobre Torres, cuestionando su versión, exigiendo explicaciones sobre la contratación con Soluciones de Gestión y advirtiendo que el tiempo revelará si mintió sobre sus contactos y métodos de comunicación.
