Un terreno público en el Paseo Marítimo de Corralejo, que durante décadas ha sido utilizado como espacio de terrazas, ha pasado a manos privadas en una controvertida operación que ha suscitado numerosas preguntas y preocupación entre los residentes y autoridades locales, según informan el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo, en una nota enviada a través del Cabildo de Fuerteventura.
El abogado capitalino, Fernando Rodriguez Ravelo, se ha convertido en propietario de una parcela de 289 metros cuadrados, un terreno ganado al mar mediante obras públicas, que según la Ley 22/1988 debería pertenecer al dominio público marítimo-terrestre estatal. La polémica comenzó cuando la sociedad J.L.J. Parfums S.L., fundada por Ravelo y el empresario navarro José Luis Jarne Elizalde, adquirió la parcela a Delval Internacional S.A. por 120,000 euros, solo para vendérsela a Ravelo poco después por la módica suma de 15,000 euros.
A pesar de que el Ayuntamiento de La Oliva autorizaba el uso de estas terrazas y cobraba las tasas correspondientes desde principios de los años 90, Ravelo denunció al consistorio para que cesara el cobro de estas tasas. Sin embargo, tanto en Primera Instancia como la Audiencia Provincial rechazaron su demanda, señalando que la referencia catastral del terreno no existía y que se trataba de un terreno ganado al mar.
Las controversias no terminan ahí. Ravelo contrató a un técnico para modificar los linderos de la parcela y trazar nuevas georreferencias, creando así una nueva referencia catastral. Este movimiento le permitió registrar la parcela en el catastro y en el Registro de la Propiedad sin oposición del Ayuntamiento. Posteriormente, Ravelo obtuvo una sentencia favorable que le permite proceder con el desalojo de las terrazas, lo cual está previsto para mayo de 2025. Esta acción ha provocado el cierre de dos restaurantes y ha dejado sin empleo a más de 20 trabajadores.
Las sentencias judiciales a favor del pueblo de Corralejo, que ascienden a más de 120, parecen no haber sido suficientes para frenar lo que muchos consideran una degradación del dominio público. La comunidad local se pregunta cómo se pudo emitir el certificado de costas, cómo se permitió la degradación del terreno público y por qué el Ayuntamiento no ha actuado con mayor firmeza para ejecutar las sentencias y oponerse al registro de la nueva parcela.
La situación ha generado un profundo malestar en Corralejo, donde muchos consideran que la venta y transformación de terrenos públicos en propiedades privadas es inaceptable. La falta de transparencia y las aparentes irregularidades en el proceso han llevado a un llamado urgente para que se investigue a fondo el caso, se depuren responsabilidades y se garantice que el patrimonio público sea protegido conforme a la ley.
En un pueblo ya marcado por el conocido caso del Casco Viejo, esta nueva controversia añade una capa más de desconfianza hacia las autoridades locales y pone de relieve la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas en la gestión de los bienes públicos.
