Mar, 3 febrero

Sánchez anuncia la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años y endurece la presión sobre las plataformas por contenidos de odio

El Gobierno impulsará sistemas obligatorios de verificación de edad y estudiará responsabilidades legales de las empresas tecnológicas que no retiren contenidos ilegales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y reforzará el control sobre las plataformas digitales que no eliminen contenidos de odio o ilegales. Las medidas, según avanzó el jefe del Ejecutivo, serán aprobadas la próxima semana en el Consejo de Ministros y forman parte de una estrategia más amplia para combatir la polarización, la desinformación y la violencia digital.

Sánchez realizó este anuncio durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, un foro internacional en el que se abordan los principales retos globales en materia de gobernanza, innovación y transformación digital. En ese contexto, el presidente defendió la necesidad de que los Estados asuman un papel más activo frente al poder de las grandes plataformas tecnológicas, especialmente cuando sus servicios afectan de forma directa a menores de edad.

Entre las principales medidas adelantadas, el Gobierno pretende obligar a las plataformas digitales a implantar sistemas “efectivos y verificables” de control de edad, con el objetivo de impedir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Según explicó Sánchez, la actual autorregulación del sector se ha demostrado insuficiente para proteger a niños y adolescentes frente a contenidos nocivos, discursos de odio o dinámicas de adicción asociadas al uso intensivo de estas aplicaciones.

Además, el Ejecutivo plantea la creación de un sistema de “rastreo, cuantificación y trazabilidad” de los mensajes de odio y de los procesos de polarización digital. Este mecanismo permitiría, según el presidente, establecer una especie de “huella de odio y polarización”, con la que se podría identificar la propagación de contenidos ilegales y facilitar su persecución administrativa y penal.

En este sentido, Sánchez avanzó que el Gobierno trabajará de forma coordinada con la Fiscalía para analizar posibles infracciones legales cometidas por determinadas empresas tecnológicas. Entre las plataformas citadas se encuentran X (Grok), TikTok e Instagram, a las que se exigirá una mayor diligencia en la retirada de contenidos ilícitos y en el cumplimiento de la normativa vigente.

El anuncio se enmarca en un debate cada vez más presente en el ámbito europeo e internacional sobre la regulación de las redes sociales y el papel de los Estados frente a las grandes compañías tecnológicas. Países como Francia o Alemania ya han avanzado en legislaciones más estrictas en materia de control de contenidos y protección de menores, mientras que la Unión Europea ha aprobado normativas como la Ley de Servicios Digitales, que refuerza las obligaciones de las plataformas.

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