El Cabildo de Fuerteventura abrió esta misma mañana la vía judicial contra la resolución del Gobierno de Canarias que autoriza a Red Eléctrica de España (REE) a ejecutar los proyectos de las instalaciones eléctricas de alta tensión entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. ‘Unas obras rechazadas tanto por las instituciones como por la población majorera, que la Institución logró parar hace unos años, con mucho esfuerzo y trabajo de los servicios jurídicos y técnicos del Cabildo y que volveremos a parar’, explicó el presidente Sergio Lloret López.
El grupo de gobierno llevó hoy a Pleno una moción de urgencia, que se aprobó por mayoría y que insta el trámite judicial de incidente de ejecución para evitar que REE ejecute dichos proyectos, sin la previa revisión o modificación del planeamiento territorial y urbanístico afectado, una actuación para la que las administraciones afectadas disponen de seis meses de plazo. ‘Existe un riesgo de inicio inminente de ejecución. Con esta decisión, el Gobierno de Canarias se ha apartado, no ya de la Institución insular, sino de la población de Fuerteventura. Por eso, vamos a pedir urgentemente una reunión con el gobierno autonómico, con la Dirección General de Energía y con los alcaldes de los ayuntamientos afectados, para informarles y decidir acciones conjuntas’, explicó el presidente Sergio Lloret López.
La moción aprobada insta a la Dirección General de Energía a retomar la senda del diálogo y la colaboración que se había establecido para encontrar la mejor alternativa a la ejecución de unas instalaciones que fueron rechazadas de plano tanto por la población de la Isla como por el Cabildo Insular de Fuerteventura y los Ayuntamientos de Puerto del Rosario, Antigua y Tuineje. ‘El Cabildo no está agrediendo al Gobierno de Canarias. En todo caso, lo está haciendo él a las instituciones y a la ciudadanía majorera, a las que han ignorado, apartándose del criterio inicial cuando había posibilidades de un acuerdo consensuado. Esta es una decisión unilateral contra Fuerteventura, contra la voluntad de su población y contra sus instituciones, que se merecen un esfuerzo de cooperación institucional antes de adoptar una resolución tan lesiva como ésta’, señaló el presidente Sergio Lloret López.
Por su parte, la vicepresidenta primera, Lola García, criticó duramente la decisión del Ejecutivo regional. ‘Parece mentira que, años después de haber alcanzado un consenso, el Gobierno regional, sin consultar, sin escuchar, venga a imponernos el tendido eléctrico que el Cabildo y la población rechazaron. Nosotros lo tenemos muy claro, no nos callamos entonces y logramos pararlo, y ahora pararemos también esta locura, que solo sirve para poner el suelo de Fuerteventura al servicio de los intereses de las multinacionales eléctricas’.
Desde el Grupo Popular, la portavoz Jessica de León, agradeció ‘la celeridad con que los servicios técnicos y jurídicos han actuado para mostrar nuestro rechazo ante esta decisión, y poder presentar desde esta misma mañana el recurso con el que reiteramos la postura en contra de la Institución’.
En esa misma línea, el presidente Sergio Lloret López reconoció una vez más el buen hacer de los funcionarios del Cabildo. ‘No tenemos por costumbre adular a los funcionarios por hacer su trabajo, pero es de justicia agradecerles hoy su diligencia, al haber preparado, de un día para otro, el recurso que hemos presentado esta mañana’.
En 2015, la entonces Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias concedió a Red Eléctrica (REE), autorización administrativa para ejecutar y declarar de utilidad pública la instalación eléctrica de alta tensión Línea de Transporte a 132 KV doble circuito SE Puerto del Rosario- SE Gran Tarajal. Frente a dicha autorización, el Cabildo interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado en junio de 2018, y dictó sentencia anulatoria de la autorización administrativa concedida a REE.
REE la recurrió ante el Supremo, que no admitió a trámite el recurso. REE recurrió nuevamente en casación ante el TSJC, que igualmente inadmitió a trámite en 2020 el recurso. Por último, REE planteó un incidente de nulidad de actuaciones, que igualmente fue desestimado por auto del pasado 10 de marzo de 2021, que se remitió a la Dirección General de Energía del ejecutivo regional, a la que se notificó en mayo la firmeza de la sentencia de 2018.
En junio de 2021, la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias dispuso por resolución que se acatara la nulidad de la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de junio de 2015.
Sin embargo, y frente a todo esto, ayer se publicó en el BOC una resolución que dispone precisamente lo contrario, esto es, acordar la ejecución de los proyectos y ordenar el inicio del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento territorial y urbanístico afectado en un plazo de seis meses cuando, al amparo de la legalidad vigente se tendría que esperar a que transcurrieran los citados meses y sólo después, proceder a autorizar la ejecución.
