El fraude eléctrico vuelve a situarse en la agenda canaria y, en particular, en Fuerteventura. Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado 536 fraudes en las islas durante el primer semestre del año, lo que equivale a casi diez casos por semana. En el ámbito majorero, Puerto del Rosario concentra 27 incidencias, un volumen que coloca a la capital insular entre los municipios con mayor número de irregularidades descubiertas en la provincia de Las Palmas durante este periodo.
La compañía detalla que, por provincias, Santa Cruz de Tenerife encabezó el balance con 330 casos y una energía defraudada superior a 2,7 millones de kWh. En Las Palmas se contabilizaron 206 fraudes, con 2,3 millones de kWh de consumo ilegal. Por municipios, los mayores registros se localizaron en Las Palmas de Gran Canaria (49), Puerto del Rosario (27) y Arrecife (21). En la provincia occidental, los focos principales se situaron en Santa Cruz de Tenerife (57), Arona (52), La Laguna (38) y Adeje (23).
Más allá del recuento, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha subrayado recientemente que la manipulación de instalaciones es un problema en aumento, con efectos directos sobre la calidad del suministro y costes que acaban repercutiendo en el conjunto de consumidores. Endesa incide, además, en los riesgos personales y materiales asociados a estas prácticas. En un comunicado, la empresa advierte: “hay un riesgo evidente de electrocución e incendio que puede afectar no sólo al que realiza la manipulación de las instalaciones, sino a las personas que están a su alrededor”.
La dimensión del fenómeno trasciende el Archipiélago. Entre enero y junio, Endesa detectó más de 32.000 fraudes en España, una media superior a 175 casos diarios —más de siete por hora— y con un consumo equivalente al de casi 117.000 hogares. En Canarias, la cifra del semestre vuelve a dibujar un mapa con focos urbanos destacados y con impacto en zonas turísticas, donde los picos de demanda y el tirón estacional del verano pueden agravar los efectos sobre la red cuando se producen derivaciones o pinchazos ilegales.
En Fuerteventura, el dato de 27 actuaciones en Puerto del Rosario refuerza la necesidad de vigilancia técnica y concienciación ciudadana. Desde el sector eléctrico se insiste en que el fraude no es un delito “sin víctimas”: eleva pérdidas, distorsiona los peajes que se reparten entre todos los abonados, compromete el servicio y pone en riesgo la vida de quienes habitan o trabajan cerca de instalaciones manipuladas. En los últimos años se han registrado incidentes graves asociados a alteraciones de contadores y acometidas que terminaron en heridos e incluso fallecimientos, recuerda la compañía.
Las distribuidoras operan con campañas de inspección, sensores y cruces de datos para detectar consumos anómalos, mientras que los ayuntamientos y cuerpos policiales colaboran en actuaciones puntuales cuando existen indicios de conexiones ilegales, especialmente en naves, viviendas con plantaciones indoor o locales con actividad nocturna. En paralelo, se anima a la ciudadanía a denunciar de forma confidencial cualquier sospecha y a regularizar instalaciones que, por obsolescencia o manipulaciones previas, puedan suponer un peligro.
El balance del primer semestre sitúa, por tanto, a Fuerteventura en un escenario de prevención activa: reforzar controles, agilizar expedientes sancionadores y acompañar con información para disuadir unas prácticas que afectan al bolsillo de todos y a la seguridad del entorno. El objetivo, subrayan desde el sector, es proteger la red y a los usuarios, garantizando un suministro de calidad en una isla con demanda creciente por el empuje residencial y turístico.
