El PSOE considera una “cacicada grosera” la compra de la finca de Ajuy por parte del Ayuntamiento de Pájara sin informe técnico y por el triple de su valor. Es un atraco a las arcas municipales del propio alcalde.
Pedro Armas ha ordenado el pago de 1,8M€ a pesar de tener informes técnicos desfavorables y la negativa del secretario municipal, que cuestionan tanto el fondo como las formas y sobre todo el sobreprecio.
El pacto CC-PP y AMF está dejando ver sus verdaderas razones para romper la estabilidad de las instituciones majoreras y cada día están más lejos del interés general.
El alcalde de Pájara, Pedro Armas, “atraca” las arcas municipales comprando por el triple de su valor una finca en Ajuy sin contar con el informe técnico preceptivo y a pesar de las “muy serias dudas” expresadas por el propio secretario de la Corporación respecto al fondo y las formas de la operación.
La noticia ha sido conocida hoy sábado (publicada en Diario de Fuerteventura) después de que ayer viernes Pedro Armas firmara el acuerdo de adquisición de la finca y ordenara inmediatamente la emisión de los cheques de pago, todo en el mismo día, ¡un viernes!, sin dejar plazo de tiempo para detener la operación.
Un comportamiento demasiado extraño tratándose de una administración pública que debe velar por el interés general y ser escrupulosa en el cumplimiento de la ley.
Para el PSOE estamos ante una cacicada tan grosera y dolosa para el Ayuntamiento de Pájara que exigimos una revisión de oficio de toda la operación y que intervenga la Fiscalía, aunque solo sea por la sospechosa forma de proceder, y que si se demuestran responsabilidades se asuman sin contemplaciones.
Se trata de una decisión de Pedro Armas, suponemos que apoyada por sus socios de gobierno CC y PP -el mismo pacto que en el Cabildo Insular- para utilizar 1.862.691 de euros del dinero de todos los ciudadanos del municipio de Pájara para adquirir una finca en Ajuy que no vale ni la tercera parte.
Si finalmente se consuma esta operación una importante cantidad de dinero público va a beneficiar tan solo a una sociedad privada y a los acreedores de esta, propietarios de los más de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico protegido, sin transparencia ninguna y encontrar del parecer de los técnicos municipales y del propio secretario de la Corporación.
Estas son las verdaderas razones de este pacto que conformaron hace dos años CC-PP y AMF para desestabilizar y ocupar las instituciones de Fuerteventura y poder así utilizarlas en su propio beneficio.