La reciente orden del Gobierno de Canarias para capturar y sacrificar gatos asilvestrados en espacios naturales protegidos ha generado una fuerte controversia. La decisión, que busca proteger la biodiversidad en las islas, ha sido condenada por organizaciones defensoras de animales que argumentan que esta medida va en contra de la Ley 7/2023 de protección animal, la cual reconoce a los gatos como animales de compañía, incluso cuando viven en estado asilvestrado.
En agosto de 2024, un gato fue capturado en La Graciosa como parte de un operativo de la Red de Alerta Temprana de Canarias (REDEXOS), encargado de intervenir en casos de especies exóticas invasoras. Este animal fue enviado a un refugio con una orden de sacrificio firmada por el Director General de Espacios Naturales y Biodiversidad, Miguel Ángel Morcuende Hurtado, en cumplimiento de la normativa que considera a los gatos asilvestrados una amenaza para la fauna nativa.
El principal argumento detrás de esta decisión radica en que los gatos asilvestrados, considerados depredadores generalistas, afectan gravemente a la biodiversidad insular. En islas como La Graciosa, la depredación de aves marinas, como el petrel de Bulwer, ha sido alarmante. Entre 2021 y 2024, se documentaron 100 episodios de muertes de aves en la isla, de los cuales 37 fueron atribuidos a gatos asilvestrados.
Sin embargo, la Ley 7/2023 establece que los gatos, independientemente de su estado de domesticación o asilvestramiento, son animales de compañía y, como tal, están protegidos. Esto ha creado un conflicto entre las medidas de control de especies exóticas invasoras y la protección de los derechos de los animales. Mientras que la normativa ambiental busca preservar la fauna autóctona, las organizaciones animalistas como PACMA y FAADA denuncian que el Gobierno de Canarias está violando la ley al ordenar el sacrificio de estos animales sin cumplir con los procedimientos adecuados para su reubicación o control.
Anna Estarán, abogada de FAADA, afirmó: “El Gobierno de Canarias está tergiversando la normativa para justificar la eliminación masiva de gatos comunitarios. Estas medidas no solo son ilegales, sino que constituyen una violación de los derechos de los animales”. Además, añadió que el sacrificio de animales solo está permitido en casos excepcionales, como riesgos graves para la salud pública o la seguridad, y siempre bajo una justificación clara y debidamente documentada.
Por su parte, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha defendido que estas medidas son necesarias para evitar la expansión de especies exóticas invasoras y proteger la biodiversidad en espacios naturales protegidos, que incluyen áreas de la Red Natura 2000. En estos espacios, la presencia de gatos asilvestrados pone en riesgo a numerosas especies amenazadas.
El sacrificio de gatos asilvestrados en Canarias plantea un dilema ético y legal entre la conservación del patrimonio natural y la protección de los derechos de los animales. Mientras que las autoridades insisten en que esta medida es indispensable para preservar la fauna local, las organizaciones animalistas ya están preparando acciones legales para frenar lo que consideran una “matanza injustificada” de gatos comunitarios.
Respuesta del Gobierno de Canarias:
