La Voz de Fuerteventura
La transparencia avanza en Canarias, pero no al mismo ritmo en todas las islas. “En Fuerteventura tenemos que hacer un esfuerzo importante para seguir mejorando la transparencia si lo comparamos con los datos en relación a otras islas”, señaló la Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García Leal, en una entrevista en La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular.
Entre las corporaciones majoreras, destaca el Cabildo de Fuerteventura, una de las mejor valoradas con una puntuación de 9,28 en la última evaluación. Puerto del Rosario ha escalado hasta un 8,51 tras partir de un 2,18, y Pájara se sitúa en 6,33.
La Oliva ha alcanzado un 5,77 después de partir prácticamente de cero, mientras que Tuineje se ha mantenido en torno al seis. Sin embargo, Antigua continúa rezagada con un suspenso sostenido (3 puntos) y Betancuria ni siquiera presentó su informe en la última evaluación.
En este último caso, García Leal explicó que el alcalde de la Villa, Enrique Cerdeña, trasladó la dificultad de personal que afronta el ayuntamiento para cumplir con las obligaciones de transparencia. La comisionada manifestó su comprensión, aunque recordó que “también hay otro derecho, que es el derecho de la ciudadanía a que su ayuntamiento sea transparente”.
La situación preocupa especialmente en los municipios más pequeños, reconoció. “Nuestro objetivo siempre va a ser trabajar intensamente para que en la próxima evaluación puedan, al menos, presentar su informe y mejorar paulatinamente esos índices”, subrayó.
El actual marco normativo, aprobado en 2014, no contempla medidas coercitivas frente al incumplimiento. Suspender en Transparencia en Canarias “sale gratis, de momento”, apuntó García Leal.
Sin embargo, el Ejecutivo canario ya trabaja en un borrador de nueva ley que introducirá sanciones. “Se va a incluir un régimen sancionador más intenso, no solo para las entidades que no cumplen publicando información, sino también para aquellas que no contestan a las solicitudes de información que hacen los ciudadanos”, avanzó la comisionada.
Hasta que esta reforma entre en vigor, el “castigo” seguirá siendo la exposición pública. “Lo peor muchas veces es quedar mal en la foto y ser el único ayuntamiento que no cumple con la transparencia cuando el vecino de al lado es sobresaliente”, afirmó.
El Comisionado de Transparencia de Canarias cumple diez años. Desde 2018 evalúa a cabildos, ayuntamientos y el Gobierno autonómico, y más tarde amplió su labor a entidades privadas y ONG con fondos públicos. Ahora, por primera vez, partidos políticos, sindicatos y patronales también serán evaluados.
García Leal insistió en que la transparencia no debe verse como un trámite administrativo. “Nos falta que las entidades vean el cumplimiento como algo intrínseco a su actividad, no como un trabajo añadido”, defendió.
El reto, subrayó, es que la información llegue realmente al ciudadano: presupuestos, convenios, planes de ordenación o declaraciones de bienes. “Eso les va a posibilitar tener más conocimiento de lo que acontece en la vida pública y fiscalizar el trabajo de sus representantes no solo cada cuatro años, sino en el día a día”, añadió.
El modelo canario, recordó la comisionada, ya ha sido replicado en otras comunidades autónomas. “Castilla-La Mancha ha copiado el modelo canario, Murcia está interesada y Asturias nos preguntaba cómo lo hacemos”, indicó.
La clave, dijo, está en asumir la transparencia como un deber natural. “El gran objetivo es que las administraciones sean transparentes de motu proprio, porque al fin y al cabo supondrá esa reconciliación necesaria entre la ciudadanía y las entidades que nos gobiernan”, concluyó García Leal.
