El programa La Voz de Fuerteventura, en Radio Insular, analizó este viernes el impacto de la aprobación, en el Congreso de los Diputados, de los juicios rápidos en casos de ocupación de vivienda. Una medida que todavía no está aprobada en el Senado y que no cambiará las cosas sustancialmente. Es lo que opinaron el abogado David Casalins, el dueño de la empresa Desokupa Fuerteventura, Filiberto Escobar, el representante de la Inmobiliaria Yo Alquilo, Gorka González, y Ruth González y Javier, ambos del Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura.
El escaso impacto de la medida, la falta de vivienda y la necesidad de que la administración pública actúe fueron los únicos puntos en común entre los participantes, quienes compartieron posturas muy divergentes y dibujaron la realidad social de la Isla.
Ruth González denunció que la crisis de vivienda es resultado de la ausencia de políticas públicas: “No tenemos vivienda pública, los salarios no alcanzan para alquilar y vivir dignamente”, afirmó. Subrayó que la mayoría de ocupaciones son por necesidad, afectando principalmente a mujeres maltratadas y a familias vulnerables. “Es muy triste vivir así, con miedo a ser desalojados”, añadió, apuntando también a los problemas de autoestima que caracterizan, señaló, a las personas que se ven en la necesidad de okupar una vivienda que no es suya. “No es fácil ser okupa”, recalcó.
En la misma línea, intervino Javier para añadir que el problema también radica en la especulación inmobiliaria. “El 60% de las compras son al contado, realizadas por fondos o grandes propietarios, mientras la vivienda social en España no llega al 2%”. Criticó la falta de voluntad política para regular precios y ampliar el parque público de vivienda.
En la postura opuesta se situó Filiberto Escobar, quien denunció que “el 90% de las ocupaciones que manejo no son por necesidad, es porque quieren aprovecharse”, recalcó. Para el empresario, tanto la okupación como la inquiokupación (inquilinos que tienen contrato y que dejan de pagar) en Fuerteventura se están extendiendo. “La gente se ha aprovechado y, como ve que no tiene consecuencia penal ninguna, pues lo hacen”, lamentó.
También abordó la realidad del fenómeno migratorio y la imposibilidad de las personas migrantes de aportar a la economía mediante su trabajo accediendo al mercado laboral. “No tienen papeles, no pueden trabajar y no pueden abonar el precio de la vivienda”, lamentó, cuestionando las leyes existentes.
Por su parte, Gorka González, de Yo Alquilo, matizó que el fenómeno de la “inquiocupación” genera reticencia entre los propietarios. Aseguró que, con medidas como seguros de impago y controles previos, su agencia ha logrado reducir estos casos.
También opinó sobre una de las propuestas del Sindicato de Inquilinas dirigida a establecer límites en el precio del alquiler. A su juicio, “regular el precio de los alquileres tendría un efecto contraproducente, como hemos visto en Barcelona”, añadió. González abogó por dotar de seguridad jurídica a los propietarios de vivienda para poder aumentar la oferta y contribuir a la bajada de precios.
El abogado David Casalins destacó que la reforma de juicios rápidos apenas tendrá impacto porque, entre otras cuestiones, “el 90% de los casos se consideran delitos leves y no aplican a este procedimiento”. Además, subrayó la responsabilidad del Estado en generar vivienda pública y no trasladar la carga a los propietarios. “Es el modelo legislativo el que está fallando desde hace décadas”.
Así, Casalins abogó por fomentar la construcción de vivienda social y fórmulas para permitir el alquiler social, dar seguridad jurídica a la persona que alquila, y abordar la intervención social en situaciones de vulnerabilidad.
Los participantes mostraron posturas divergentes ante una realidad muy compleja y ante la que no cabe la inacción. Se precisa una acción coordinada y urgente entre las instituciones para paliar una situación que se agrava cada día.
